Es destacable que la gobernadora de Tierra del Fuego haya decidido limitar su poder de nombrar jueces para el Superior Tribunal
La decisión de la gobernadora de Tierra del Fuego de dictar un decreto de autolimitación de su facultad de nombrar a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y del vocal legal del Tribunal de Cuentas, luego de recibir las propuestas del Consejo de la Magistratura, constituye un importantísimo aporte a la calidad de las instituciones fueguinas.
En efecto, la gobernadora Fabiana Ríos ha establecido un procedimiento de control ciudadano, caracterizado por un amplio acceso a la información, que deberá tener lugar en el futuro, con anterioridad a la designación de los mencionados funcionarios.
De acuerdo con los considerandos del decreto, se trata de arbitrar los mecanismos que permitan la participación a ciudadanos, colegios y asociaciones profesionales y académicas, y a las organizaciones no gubernamentales, «haciendo conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir».
Más adelante se detallan los aspectos por considerar en las personas propuestas por el Consejo de la Magistratura, que son los relativos a «la integridad moral e idoneidad técnica, trayectoria, compromiso con la defensa del orden constitucional de los derechos humanos y de los valores democráticos». Todo ello, en aras de lograr la mayor independencia del órgano en el que se desempeñarán quienes resulten designados luego de recabarse, además, los antecedentes en lo que hace al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Como ya se ha dicho desde estas columnas, la vida institucional de nuestra provincia más joven se ha visto jalonada por graves irregularidades, entre las cuales el mal funcionamiento de su Poder Judicial ha sido una de las más notorias.
Recordemos la jubilación anticipada de que hicieron uso los primeros miembros del Superior Tribunal de Justicia, y la posterior integración de éste por personas que, luego de escandalosos desempeños, debieron dejar el cargo y huir de la isla. Otros miembros del Poder Judicial debieron hacer lo mismo en razón de diferentes antecedentes de tipo delictivo, lo que hizo pensar que Tierra del Fuego hacía las veces de una suerte de «aguantadero» de personas que cargaban con vergonzosos prontuarios.
Esta reforma se agrega a otras que han tenido como primer escenario a la Municipalidad de Ushuaia, cuya carta orgánica es un modelo participativo que ha logrado inspirar a otras que luego la han sucedido en diversos lugares del país. En este sentido, cabe destacar que recientemente, en esa ciudad, su intendente ha llamado a una consulta popular no vinculante para determinar el destino de tierras fiscales, con un resultado muy alentador en cuanto al nivel de participación, pese a que el voto no era obligatorio. En el orden provincial, de manera progresiva el Consejo de la Magistratura ha terminado con sus sesiones secretas y hoy son públicas.
Esperamos que este avance republicano que tiene a la sociedad civil local como gran responsable, con el desempeño de organizaciones como Participación Ciudadana, no se vea empañado por otras inexplicables actitudes que ha asumido el Consejo de la Magistratura local.
Esta bocanada de aire puro dentro de un panorama institucional nacional caracterizado por la inobservancia de las más esenciales normas que caracterizan a una democracia constitucional debería servir de acicate para lograr entre todos revertir tan decadente estado de cosas.
