En sesión ordinaria, la Legislatura porteña sancionó una ley que prohibe el sacrificio de animales de compañía como método de control poblacional. También se declaró a Buenos Aires “Ciudad de Tenencia Responsable de animales domésticos de compañia�.

La ley derogó artículos de ordenanzas y decretos que estaban vigentes y permitían el sacrificio de perros y gatos abandonados en la vía pública si no son reclamados por sus tenedores responsables luego de tres días, a partir de su captura.

La norma, que también declara a Buenos Aires como “Ciudad de Tenencia Responsable de animales domésticos de compañía�, fue impulsada por el legislador Edgardo Form (Nuevo Encuentro- Frente para la Victoria ) y fue aprobada en el recinto por unanimidad.

En los fundamentos, el proyecto destacó que “las ciudades que instrumentaron programas preventivos hace varios años, a partir de implementar la educación para la salud y la tenencia responsable de mascotas, redujeron sensiblemente la población de animales callejeros y mejoraron el trato ético hacia los mismos�.

Form expresó que “es necesario considerar la esterilización como una cuestión referida a la salud pública, que debe ser garantizada por el Estado, con el fin de controlar la natalidad y regular sanitariamente al animal callejero, sin recurrir a sacrificarlo�.

La Legislatura porteña sostuvo en un comunicado que la ley derogó “artículos e incisos de Ordenanzas y Decretos: inciso c del artículo 7º y el artículo 33º de la Ordenanza Nº 41831/CD/87 y el inciso c del artículo 2º del Decreto Nº 7322/MCBA/88″.

Esa normativa, sostuvo el texto, adoptaba “como criterio de posibilidad la muerte de perros y gatos hallados en la vía pública, si no son reclamados por sus tenedores responsables luego de tres días a partir de su captura�. La matanza de animales como método de control poblacional está prohibida mediante legislación que promueve castraciones masivas y gratuitas en Tierra del Fuego desde 2005, Mendoza (2006), Chaco (2007), Buenos Aires (2008) y San Juan (2009).

Fuente: El Argentino

http://elargentino.infonews.com/nota/244923/prohiben-el-sacrificio-de-animales-domesticos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, promulgó la ley 14.735 que establece la creación de un boleto especial educativo de carácter gratuito para los alumnos de todos los niveles de la enseñanza que concurran a establecimientos ubicados dentro del territorio bonaerense.

«Siento una gran satisfacción de haber sido parte en el fortalecimiento del derecho a la educación en nuestra provincia», sostuvo la diputada Karina Nazabal (FpV), que impulsó la iniciativa.

Tras la promulgación de la norma, Nazabal reivindicó «la lucha de miles de estudiantes que vienen desde hace décadas organizándose y debatiendo en las aulas».

Y dedicó un homenaje especial «a los jóvenes que enfrentaron a la dictadura a través del reclamo por el boleto estudiantil y que fueron asesinados en la recordada Noche de los Lápices».

La flamante ley alcanza a los estudiantes del nivel inicial, primario, medio, terciario, superior y universitario que viajen en el transporte público dentro de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Telam

http://www.telam.com.ar/notas/201508/117175-el-boleto-educativo-gratuito-ya-es-ley-en-la-provincia-de-buenos-aires.html

Argentina creó por ley el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (Promar), para jerarquizar el conocimiento científico en beneficio de la explotación sustentable de vastos recursos naturales.

Argentina creó el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (Promar).El Promar comprende desde el estuario del Río de la Plata hasta la Isla de los Estados e incluye las Islas Malvinas.

Impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el proyecto de ley fue promovido por los diputados nacionales Luis Basterra, de Formosa, y Guillermo Carmona, de Mendoza, ambos del FpV.

Tras la sanción en la Cámara de Diputados con más de la mitad de votos afirmativos, el Senado de la Nación aprobó ayer por unanimidad la normativa para crear el programa que busca fortalecer la presencia nacional en el Mar Argentino.

A través del Promar habrá programas de cooperación científico tecnológica y desarrollos tecnológicos en todas las áreas vinculadas a la investigación.

La ley prevé la creación del Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios Marítimos Argentinos (Fonipromar), con un monto básico de 250 millones de pesos destinado a contratación de personal especializado, infraestructura y tecnología.

La norma se inscribe en la iniciativa Pampa Azul, un programa de 10 años de trabajo que prioriza cinco áreas: el Banco Burdwood; el Agujero Azul en el talud continental; el Golfo San Jorge; áreas marinas sub-antárticas que incluyen Islas Georgias y Sándwich del Sur, y los estuarios bonaerenses.

Pampa Azul es coordinada desde el ministerio a través del Gabinete Científico Tecnológico, con participación de las carteras de Relaciones Exteriores y Culto; Agricultura, Ganadería y Pesca; Turismo, Defensa y Seguridad, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Los protagonistas de Pampa Azul son el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; la Dirección Nacional del Antártico; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales; los institutos Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y Argentino de Oceanografía; el Servicio de Hidrografía Naval y la Prefectura Naval Argentina, el Centro Austral de Investigaciones Científicas y el Centro Nacional Patagónico.

Del amplio espectro de instituciones involucradas participan también los institutos de Investigaciones Marinas y Costeras, y Biología Marina y Pesquera Almirante Storni; el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera; las universidades nacionales del Comahue, Patagonia San Juan Bosco, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Patagonia, del Sur, de La Plata y de Buenos Aires.

Fuente: Argentina.Ar

http://argentina.ar/2015/07/30/pais-39979-promar-aprueban-ley-que-fomenta-la-investigacion-en-mar-argentino.php

Se trata de nueve principios fundamentales que recogen las bases de los reclamos que el país planteó en su pelea jurídica con los holdouts defendiendo el derecho soberano.

En una jornada que fue comparada con los debates previos a la Declaración de los Derechos Humanos, el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana aprobó a pedido de la Argentina y el G77 más China, por unanimidad, nueve principios fundamentales que deberán ser votados por la Asamblea General en septiembre. El caso de la batalla de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en representación de los argentinos contra los fondos buitre fue la punta de lanza para avanzar en el debate. Los principios que el comité estableció son el derecho soberano que tienen los estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, el tratamiento equitativo, así como la buena fe, transparencia, imparcialidad, legitimidad y sustentabilidad.
El nuevo avance en materia de Derecho Internacional fue presentado por los embajadores en Naciones Unidas de la Argentina, María Cristina Perceval, y de Bolivia, Sacha Llorenti, junto con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco y Richard Kozul-Wright, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Bianco calificó la votación como «un hecho histórico» y opinó que «pese a los intentos de boicot que ha habido en la ONU, estamos dando un paso para volver a regularlos mercados y así frenar el avance especulativo y egoísta de los fondos buitre».
Perceval también se refirió a las presiones de los países poderosos contra la estrategia de la Argentina. «Decían que no teníamos que debatir en Naciones Unidas estos temas. Y después no nos recibieron muchos organismos internacionales cuando quisimos plantear el problema». En este sentido, Sacha Llorenti, destacó que los 11 países que se negaron a debatir «tienen aproximadamente el 7% de votos en la Asamblea General pero esos mismos que ponían como argumento que el escenario para discutir es el FMI, tienen casi el 40% de las decisiones», por lo que buscan mantener su posición en contra de las reestructuraciones favorables a los países deudores. «Que los organismos internacionales se expresen para que todos podamos saber quiénes están a favor de los pueblos y quiénes de las corporaciones», concluyó Bianco.
Uno de los derechos establecidos es a «actuar, a diseñar su política macroeconómica, inclusive la reestructuración de deuda soberana», aunque debe hacerse «como último recurso». Otro punto a tener en cuenta es el principio de inmunidad soberana «de jurisdicción y de ejecución respecto a reestructuraciones de deuda soberana», lo que «es un derecho de los Estados ante los tribunales». El primero está relacionado con la tendencia a que algunos países y los organismos multilaterales de deuda condicionen las reestructuraciones y las políticas macroeconómicas de los países endeudados, y el segundo garantiza que no se puedan embargar los bienes del país. En este caso, el principio choca contra la decisión de las Cortes de EE UU, que no le garantizaron la inmunidad de jurisdicción a la Argentina.
Otro principio importante del documento es el de sostenibilidad, que garantiza que los procesos deben llevar a «una situación estable de deuda, preservando los derechos de los acreedores principales, al tiempo que promuevan crecimiento económico sostenido e incluyente y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos». En consecuencia, el comité reconoció tal y como ha venido sosteniendo la Argentina en la última década, que muchas veces es necesario reestructurar la deuda con una quita importante para garantizar que el país pueda pagar y sostener sus políticas de crecimiento con equidad.
Por otro lado, la reestructuración debe ser aceptada por la mayoría especial para ser considerada exitosa. «Una mayoría calificada de los acreedores de un Estado no debe verse afectados, amenazados o impedidos por otros estados o por una minoría de acreedores no representativos, que deben respetar las decisiones mayoritarias», declara el documento. Este principio es el que no cumplieron los fondos buitre, que se negaron a entrar en un canje aceptado por el 93% de los acreedores para litigar y bloquear el pago de aquellos que confiaron en la voluntad de pago de la Argentina.
Que una reestructuración sea legítima significa, para el comité, que «las operaciones respeten los requisitos de inclusión y de Estado de Derecho», mientras que para ser imparcial, las partes deben abstenerse de «ejercer cualquier influencia indebida en estos procesos sobre otras partes interesadas, o participar en acciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses o a corrupción».
La necesidad de buena fe implica que debe haber «constructivas negociaciones de reestructuración de deuda soberana y otras etapas del proceso con el objetivo de lograr un rápido y duradero acuerdo de la sostenibilidad y el servicio de la deuda». Por transparencia, el comité entiende al «intercambio oportuno de los datos y los procesos relacionados con la negociación». Por último, el país debe ser equitativo para «abstenerse de discriminar arbitrariamente entre acreedores».
Desde Cancillería elogiaron los resultados del debate. «Este nuevo logro histórico, junto con otros avances que se han dado en el último año en otros foros internacionales y con la adopción de legislaciones «anti-buitres», permitirá limitar a futuro la especulación desenfrenada de los fondos más recalcitrantes del sistema financiero internacional, sentando un precedente global que deberá ser reconocido y respetado en todas las jurisdicciones en donde se entablen litigios en materia de deuda soberana», declaró el organismo, conducido por Héctor Timerman, en un comunicado de prensa.
En la sesión, Uruguay habló como representante de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). El embajador Gonzalo Koncke señaló que los países «enfrentan serios riesgos, relacionados con las acciones de los especuladores que procuran tener ganancias excesivas de los países que enfrentan obligaciones de deudas» y aseguró que los principios «contribuirán a las próximas discusiones en la materia que debemos seguir dando en Naciones Unidas».
Por su parte, Federico González, embajador de Paraguay, en representación del Mercosur reiteró el «repudio a la actitud y a los pedidos de un pequeño grupo minoritario de detentores de títulos no reestructurados de deuda soberana de la República Argentina, cuya actuación dificulta la obtención dificulta la obtención de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores». Bianco celebró los avances que han realizado otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional, pero consideró que no bastan. «Hay visiones distintas y lo extraño es que hay un mismo diagnóstico de que esto es un problema y que hay que solucionarlo. Nosotros creemos que la mejor solución está en la ONU», concluyó. Este es el comienzo de un extenso debate, en cuyo centro está el caso de los fondos buitre contra la Argentina. Quizás, finalmente, esta sea la historia de un grupo de buitres que quisieron cambiar las decisiones de la Argentina, y finalmente fue este país el que terminó cambiando las leyes internacionales. «

Fuente: Tiempo Argentino

http://tiempo.infonews.com/nota/173350/el-comite-de-la-onu-aprobo-una-iniciativa-de-la-argentina-para-frenar-a-los-buitres

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, firmó el proyecto de ley donde se declara la prohibición en todo el país de las carreras de perros.

La Comisión, presidida por el senador Pedro Guastavino firmó ayer el proyecto de la senadora María Magdalena Odarda, donde se declara la prohibición de las carreras de perros en todo el territorio nacional.

La ley sería aprobada en la próxima sesión del Senado en agosto y después pasaría a la Cámara de Diputados.

ART�CULO 1. Queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza.

ART�CULO 2. El que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de tres (3) meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil pesos ($4.000) a ochenta mil ($80.000) pesos.

ARTICULO 3. Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal.
ARTICULO 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo

Fuente: La Sintesis

http://www.lasintesis.com.ar/nota-se-firmo-el-proyecto-de-ley-que-prohibe-las-carreras-de-perros-71628.html

La jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada hoy, en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.

La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito�, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.

La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.

La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las empresas, el pasado 21 de abril, la presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas».

El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina».

Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con la titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, precisaron el 1 de junio los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados�.

La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.
La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur: el PGS M/V “Ramform Sterling�, PGS “Ramform Titan� y el “Falcon Explorer�, además del “MV Poseidon�, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas ambientales.

La medida abarca, también, a la plataforma semisumergible “Eirik Raude� utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier�, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona, señala el escrito judicial al que accedió hoy Télam.

La jueza Herráez ordenó la “interdicción de navegar� de todos los barcos, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques�, y explicó que la restricción “impide la salida (de los buques) de los puertos donde se encuentren�.

La magistrada también dio por demostrado, en esta instancia de la causa, que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, se obtuvo una “ganancia ilícita�.

Herraez tuvo en cuenta que el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34%, y el volumen de transacciones negociadas más de 400%, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de esas ganancias, para lo que identificaron cuentas bancarias de FOGL en el extranjero, aunque la jueza requirió que para cumplimentar esa medida se precise el monto del embargo “comparando el valor de las acciones en los plazos denunciados�.

Incluso para la concreción de los embargos a las compañías, la orden judicial dispone también que la Fiscalía “individualice los bienes o activos sobre los cuales concretamente pesará la medida cautelar�.

Fuente: Telam

http://www.telam.com.ar/notas/201506/110564-embargos-secuestro-petroleras-malvinas.html