Con la gimnasia que les dio la crisis de 2001, muchos trabajadores no dudaron en tomar las plantas ante procesos de cierre y vaciamiento. Ahora quieren ayuda del Estado para ponerlas a producir.
Las textiles emplean mano de obra intensiva y buscan esquivar la crisis internacionalLas empresas recuperadas por sus trabajadores volvieron a aparecer en el escenario económico local. Son un puñado pero representan a distintos sectores: alimentación, textil, papel y gráfica. Entre todas suman mil empleados en el área metropolitana. Aunque los procesos son incipientes, comenzaron no bien los trabajadores olieron la baja de la producción. Los empresarios responsabilizaron a la crisis internacional, pero en muchos casos se observó un prolongado proceso de desinversión, que algunos definieron como “vaciamiento”.
En lo que va de 2009 aparecieron al menos siete casos de empresas con problemas de producción o en las que los dueños abandonaron las plantas. La respuesta casi inmediata fue la ocupación de los predios para evitar que ocurra algo con las máquinas. Sin ellas sería imposible retomar la producción. Esa rapidez de reflejos es lo que diferencia a estos trabajadores de aquellos que en 2001 garantizaron la supervivencia de más de doscientos establecimientos.
Pero lo que está en juego ahora es poner en funcionamiento empresas que no quebraron. Se trata de evitar el deterioro productivo, comercial y financiero de firmas que tienen problemas para cumplir con el pago de salarios o de indemnizaciones. Lo que se empieza a defender es cada puesto de trabajo antes de que terminen de caer. Son empresas que aún tienen dueño y no hay un proceso judicial abierto.
“Es prematuro pensar en un proceso que tiene que ver con la economía. Son casos de distintos sectores y en todos hay alguna explicación de tipo societaria o de empresas que ya venían dañadas. Lo que no quiere decir que no empiece un proceso ahora”, estimó José Sancha, miembro del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Los ejemplos que utilizó para graficar eso son los casos de la chocolatería Arrufat y de la gráfica Indugraf. “Se explican por las peleas de los socios y la desinversión de muchos años”, insistió.
En el primer caso, la dueña Diana Arrufat avisó con un comunicado que la empresa no tenía fondos para producir y mandó a sus 54 trabajadores a sus casas. La respuesta fue la toma y, días después, se conformó una cooperativa. La mujer no apareció más y cualquiera que recorra la planta de Villa Crespo podrá ver en sus paredes los signos de la desinversión. Sin embargo, es una fábrica que tiene maquinarias de las que sólo hay tres en el país y puede producir sin problemas. Lo que falta es capital de trabajo y que se restablezcan los servicios públicos que fueron cortados por las deudas que dejó Arrufat.
Lo de Indugraf no es muy distinto. Es una empresa con capacidad para producir libros para grandes editoriales. Cuenta entre sus clientes a Sudamericana y al Ministerio de Educación. Son 88 trabajadores que ya comenzaron a recorrer la Legislatura porteña para pedir la expropiación de la planta. Tienen las máquinas y algo de papel para empezar.
DUDAS. A diferencia de Sancha, José Orbaiceta cree que el proceso se va a profundizar. Desde la conducción de la Federación de Cooperativas de Argentina (Fecootra) se está tomando el pulso de la situación. “Va a haber un recrudecimiento, por lo menos en algunos sectores, que son los más ligados a la crisis, como las autopartistas”, señaló a Buenos Aires Económico.
La evaluación de Orbaiceta tiene entre sus soportes el cierre de la curtiembre Eagle Otawa (multinacional canadiense), que funciona dentro de la Curtiembre Fonseca. “Dejaron sin trabajo a 450 personas porque la empresa se dedica al corte de fundas para autos y dice que no tiene clientes”, indicó el secretario de prensa del Sindicato de Obreros Curtidores, Héctor Delgadillo.
Para Orbaiceta, la celeridad que están tomando estos procesos tiene relación directa con que “está instalado que los trabajadores pueden recuperar empresas y ponerlas a producir”. Además, se suma “que se cayeron algunos prejuicios” que había en los sindicatos y muchas organizaciones gremiales están respaldando esas experiencias.
“Eso ocurre con la Federación Gráfica Bonaerense y los sindicatos del interior que también se animan”, afirmó Orbaiceta, quien también forma parte de la Red Gráfica, que integra el trabajo de siete cooperativas del sector. Desde hace tres años comenzaron a trabajar en red y dejaron de competir entre sí, abandonaron la pelea furiosa por clientes y realizaron compras conjuntas. El resultado fue fabuloso: mejoraron los niveles tecnológicos, consiguieron mejores trabajos e incrementaron la facturación.
Al evaluar el rol del Estado y su relación con las cooperativas de trabajo (ya sean las tradicionales o las recuperadas), Orbaiceta consideró que el Gobierno les debería dar el mismo respaldo que a las empresas con dueños capitalistas.
“Hay casos como Acindar y otras empresas grandes que tienen el apoyo del Estado para superar la crisis y muchas cooperativas, que tal vez hacen logística u otro servicio para esa empresa, se han podido anotar en esos programas de asistencia. Cuando llega la ayuda del Gobierno se pueden sostener, pero otros proveedores de las grandes industrias no pudieron acceder a esos apoyos y entraron en crisis”, señaló.
Guillermo Robledo, secretario de Desarrollo Local de Quilmes, también subrayó la necesidad de que el Estado tome un rol protagónico en la protección de las industrias, particularmente las pymes y las cooperativas. Sabe de lo que habla. En su distrito hay varias industrias en proceso de recuperación y, además, fue uno de los protagonistas del movimiento de empresas recuperadas que creció tras la crisis de 2001.
“Se requiere una solución integral en la cual tomen partido el Estado nacional junto a provincias y municipios, y consiste en la garantía de acceso al capital de trabajo. No se trata de un subsidio, sino de financiamiento sin el esquema de garantías que tienen todos los bancos”, subrayó.
Tiene varios ejemplos para mostrar: en Papelera Massuh hay 400 empleados sin trabajar y las máquinas esperando papel; en la hilandería Filobel quedaron sólo 10 empleados de los 120 puestos laborales que había hace sólo un año y en Envasadora del Plata hay medio centenar de personas que quieren poner en funcionamiento las máquinas. Todas están en Quilmes.
“Pero el problema es más grave aún porque las empresas de Quilmes están trabajando al 45% de su capacidad instalada. Las cámaras empresarias nos piden que el Estado pague parte de los sueldos de las pymes. No tengo duda de que se va a profundizar el fenómeno de las empresas recuperadas”, agregó Robledo a este diario.
SON AJENAS. El caso de Massuh parece ser el más complejo. Hay en medio un fondo financiero canadiense y una sociedad, Papelera Alem, que se hizo cargo de la fábrica y aún no se presentó. Debería hacerlo este miércoles ante el Ministerio de Trabajo.
La reunión de esta semana se gestó en una anterior que tuvieron los trabajadores de la papelera con los funcionarios de la cartera que lidera Carlos Tomada. Fueron allí el lunes pasado para pedir apoyo al Gobierno nacional.
Ese es el primer paso de cualquier empresa con problemas. Después debe ir a buscar ayuda al Ministerio de Producción, que desde hace quince días tiene un abordaje más amplio: sumó a la Secretaría de Comercio en una mesa de análisis y evaluación del rumbo de la crisis y el impacto en el plano local.
Hay otro caso aún más grave. Es el de la curtiembre Wyny, que fue comprada por capitales mexicanos a empresarios argentinos. “La compraron para elevar la calidad de la manufactura y poder exportarla como semiterminado, sin pagar el impuesto al cuero sin curtir. Se trata de un caso de inversión extractiva”, definió Raúl Zylbersztein, titular de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines.
La decisión de los mexicanos -según detalló Delgadillo- fue “levantar la planta y pagar el 50% de la indemnización”. Pero la toma de la planta y algunas reuniones en el Ministerio de Trabajo los convencieron de pagar el 80% de la indemnización. Ahora la fábrica sigue ocupada por sus 250 empleados y el gremio está intentando que se garantice la continuidad. Una posibilidad es conformar una cooperativa.
SALVATAJES. El reclamo de que el Estado dé un respaldo firme a las cooperativas aparece en cada empresa recuperada o en proceso de recuperación que surgieron en los dos últimos meses. Lo pidieron los obreros de Indugraf y los de Arrufat, que la semana pasada anunciaron públicamente que empezarían a producir bombones en forma artesanal. Quieren demostrar que lo que quieren es trabajar. Pero necesitan dinero para comprar por lo menos 5.000 kilos de chocolate para empezar a producir los huevos de pascua, los productos que junto a los turrones construyeron la fama de la firma.
“Lo que se necesita es que las cooperativas tengan acceso a los mismos salvatajes que reciben las grandes empresas”, sostuvo Sancha, del directorio del INAES. La frase tiene una explicación que aterra a las pymes: “Las terminales automotrices están en suspensión de tareas y como ocurrió siempre están descargando la crisis sobre las chicas y eso cae sobre empresas capitalistas y cooperativas chicas”.
Esta semana Sancha acompañará a una cooperativa industrial al Ministerio de Trabajo. Pedirán que la firma tenga “el mismo tratamiento de salvataje que las empresas con dueños capitalistas y trabajadores en relación de dependencia”.
La discusión sobre el rol del Estado en el desarrollo del entramado industrial y la protección de las pequeñas empresas, donde se genera la mayor cantidad de empleo, vuelve una vez más.
LOS CHOCOLATEROS VENDEN BONOS DE PRODUCTOS PARA TENER CAPITAL DE TRABAJO
Los trabajadores de la fábrica de turrones y chocolates Arrufat ya está produciendo. Lo están haciendo en forma artesanal y se preparan para volver a funcionar en forma industrial.
Para eso imprimieron unos bonos de venta anticipada de huevos de Pascua -uno de sus productos emblema- para poder acceder a capital de trabajo. Los bonos por cinco o diez huevos se comenzarán a vender esta semana entre otras empresas recuperadas y cooperativas.
Además, apelarán a los vecinos de Villa Crespo, que hasta el cierre de la fábrica -el pasado 5 de enero- disfrutaban habitualmente del perfume a chocolate que salía del edificio de tres plantas.
“Esta fábrica tiene mucha historia aquí y por eso la gente comenzó a acercarse cuando ocurrió lo que ocurrió”, contó Claudia Arrufat, prima de Diana, la dueña de la empresa. La relación familiar no le impidió sumarse al reclamo, sino todo lo contrario. Es una de las vecinas que más colaboró con los empleados.
“Todos venían a comprar acá, a la fábrica, y el barrio siempre tenía olor a chocolate”, agregó Claudia, y sus ojos celestes brillaron un poco más.
La empresa fue fundada en 1931 por el abuelo de ambas, Fortunato Arruf. Tiene maquinarias que valen varios millones de dólares, pero casi ocho décadas después su estructura muestra el deterioro de la desinversión.
“Las máquinas sirven, funcionan perfectamente, y nosotros queremos seguir trabajando. Sólo nos falta el capital de trabajo para poder comprar la materia prima”, dijo la semana pasada Adrián Serrando, durante una conferencia de prensa en la puerta de la fábrica. Allí anunciaron que volvían a producir y que fundaron la cooperativa.
Junto a los bonos programaron varias actividades para reunir ese capital. Una de ellas será un festival para el próximo sábado 14 de marzo.
En tanto, siguen vendiendo los bombones de fruta que prepararon junto a algunos vecinos que se acercaron a darles su apoyo.
