El titular de la ANSES aseguró que se trata de 17.632 casos con sentencia firme por mala liquidación de haberes. Esperan que se agreguen otros 12.000

 

En función de las instrucciones que recibió de la Presidenta, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, aseguró que el stock de sentencias firmes contra ese organismo por el reajuste de haberes suma 17.632 casos.

En ese sentido, el funcionario afirmó que esperan que en el curso del año se agreguen otras 12.000. Así, la suma de todos esos juicios favorables a los jubilados, unos 29.632, será pagada en su totalidad en efectivo durante 2009.

Por eso, el Gobierno previó una partida de $2.343,6 millones en el Presupuesto, que se destinará exclusivamente para cancelar estos compromisos.

«Este año vamos a cancelar unas 2.500 sentencias por mes. Con eso pagamos todos los fallos firmes ya ingresados, más las mil sentencias mensuales que están ingresando», dijo Boudou al matutino. Y agregó: «Se pagarán en efectivo. No hay partidas en bonos. A fin de año no habrá sentencias firmes sin cancelar«.

Según las normas vigentes, la cancelación de las demandas con bonos corresponde a los reclamos judiciales presentados con anterioridad a diciembre de 2001. En tanto que la porción que se paga en efectivo comprende los períodos posteriores a esa fecha.

En promedio las sentencias rondan los $70.000 por la retroactividad e intereses. Además, a estos jubilados, la ANSES deberá reajustarles los haberes que están cobrando en la actualidad de acuerdo con los nuevos valores que surjan del reajuste estipulado en las sentencias de cada beneficiario, consigna el matutino.

Entre 2002 y 2008, entre bonos y efectivo, la ANSES pagó sentencias por más de $6.000 millones -la mitad fue en bonos y la otra mitad en efectivo- a unos 160.000 jubilados.

Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de Videla, y Roberto Alemann, el titular de Hacienda de Galtieri, mientras que el padre de la princesa Máxima se desempeñó como Secretario de Agricultura.

En diciembre último, la ley que anula las jubilaciones y pensiones de beneficio fue tratada sobre tablas y aprobada de forma unánime por la Cámara de Senadores. El senador Gerardo Morales, impulsor del proyecto, aseguró en su momento que las personas alcanzadas por la nueva norma se las considera a partir de entonces «como a cualquier ciudadano común» en los sistemas generales de previsión.

La ley sancionada el 17 de diciembre de 2008 deroga los beneficios previsionales con los que contaban los represores del último gobierno militar, por los que el Estado destinaba cerca de 80 mil pesos por mes para cubrirlos.

La facturación de las compañías está exenta del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante 10 años. También se prevén alivios en Sellos y tasas