La ley deroga los beneficios previsionales para los que el Estado destinaba 80 mil pesos por mes. La medida alcanza, entre otros, a los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Alemann y el ex secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta, padre de Máxima, la princesa de Holanda.
Se acabó la jubilación de privilegio para el ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz.
El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la promulgación de la ley que deroga los beneficios en jubilaciones y pensiones que alcanzaba a los funcionarios de la última dictadura militar.
Entre los alcanzados por la medida, que reglamentó la ley 26.475 aprobada en diciembre pasado, se encuentran los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Alemann y el ex secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta, padre de Máxima, la princesa de Holanda.
El texto declara «extinguidos» los beneficios obtenidos por funcionarios que se hubieran desempeñado como «Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» entre 1976 y 1983.
La ley sancionada el 17 de diciembre de 2008 deroga los beneficios previsionales con los que contaban los represores del último gobierno militar, por los que el Estado destinaba cerca de 80 mil pesos por mes para cubrirlos.
Los beneficios que cobraban los ex ministros y secretarios de Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, oscilaban entre los 3.800 y 4.700 pesos por mes.
Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de Videla, y Roberto Alemann, el titular de Hacienda de Galtieri, mientras que el padre de la princesa Máxima se desempeñó como Secretario de Agricultura.
En diciembre último, la ley que anula las jubilaciones y pensiones de beneficio fue tratada sobre tablas y aprobada de forma unánime por la Cámara de Senadores.
El senador radical Gerardo Morales, impulsor del proyecto, aseguró en su momento que las personas alcanzadas por la nueva norma se las considera a partir de la normativa «como a cualquier ciudadano común» en los sistemas generales de previsión.
