El Gobierno nacional desembolsará alrededor de u$s 500 millones para pagarles a cinco empresas y levantar así las demandas que estas iniciarion contra el país ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial) y el Uncitral (la corte que depende de las Naciones Unidas). Según trascendió, se les aplicará una quita y el pago se realizará en bonos soberanos, como el Bonar 2017 y el Boden 2015.

Las empresas con las que se llegó a un acuerdo son Azurix (prestaba el servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires, cuyo contrato se levantó en 2002), Blue Ridge (estaba a cargo de CMS Gas Transmission Company, también con explosión del contrato en 2002), Vivendi (que manejaba Aguas del Aconquija en Tucumán), National Grid (formaba parte de Transener, la transportadora de energía eléctrica) y Continental Casualty Company (accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo que poseía Letras del Tesoro argentino en pesos convertibles al dólar).

Todas tenían sentencias definitivas a su favor en los dos organismos. Habían sido originadas en la crisis de 2001, pero el país se negaba a pagarlas. Ahora, el entendimiento incluye una quita en el capital e intereses, el pago en bonos y el compromiso de reinvertir en el país un porcentaje de la sentencia original.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino viajó esta semana a Estados Unidos para participar de la asamblea anual del FMI, que se realiza en conjunto con el Banco Mundial, con la misión de destrabar créditos por U$S 800 millones ya disponibles para este año y conseguir nuevas líneas por otros U$S 1.000 millones.

Fuente: InfoNews

http://www.infonews.com/2013/10/10/politica-102595-el-gobierno-acuerda-con-empresas-para-levantar-juicios-en-el-ciadi.php

El país desactivó el 68% de los reclamos de empresas en tribunales internacionales.Los juicios ganados por la Argentina en el CIADI evitaron un desembolso de u$s 33.000 millones

La estrategia argentina en las cortes internacionales rinde sus frutos: luego de 10 años de litigios, la Argentina lleva ganado el 68% de los juicios contra empresas que reclaman reparaciones económicas por la salida de la convertibilidad. El rol del estudio jurídico de Martinez de Hoz (h) y?Mariano Grondona (h) para dañar al país.

Nicola Stock, patrocinador de los bonistas italianos, maneja el 25% de los juicios contra la Argentina A partir de la devaluación del peso, el Estado argentino comenzó a recibir una catarata de reclamos económicos en tribunales internacionales que recién casi diez años después comienzan a desactivarse. Así, de acuerdo a cifras oficiales, de los 48.928.829.661 dólares –a los que hay que sumar los laudos con montos indeterminados–, entre los juicios ganados, desistidos o discontinuados, la Argentina ya logró evitar pagar 33.059.249.519 dólares, un 68 por ciento del monto reclamado, frente al 0,61 por ciento que hay en sentencias firmes –298.440.753 dólares–.
El último logro de la Procuración del Tesoro fue la anulación de la condena que pesaba sobre el país en un proceso iniciado por Sempra Energy International por 128 millones de dólares. Desde que en 2007 había logado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial fallara a su favor, en 2007, la compañía norteamericana buscó sin éxito embargar preventivamente la casa museo en la que vivió el general José de San Martín en Boulogne Sur Mer, Francia, y el edificio del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján en España. Ahora la accionista de las distribuidoras de Gas Camuzzi Pampeana y Sur deberá, incluso, pagar las costas del juicio.
Más allá del debate jurídico, para destrabar la maraña judicial, el Estado encaró negociaciones con empresas que habían iniciado demandas. De esta manera, la Argentina consiguió que Pioneer Natural Resources desistiera de su demanda por 650 millones de dólares por su inversión en Tierra del Fuego; una decisión similar a la que tomaron France Telecom, RGA Reinsurance Company (por montos indeterminados), Camuzzi International (por 215 millones de dólares, más intereses y costas) y United Utilities International Limited (por 100 millones de dólares).
En tanto, suspendieron el reclamo a la espera de una solución acordada AES Corporation (por 416.800.000 dólares); Camuzzi International (337 millones de dólares más intereses); Gas Natural SDG SA (por monto indeterminado), Enersis SA, Chilectra SA, Empresa Nacional de Electricidad SA y Elesur (por 1.800 millones de dólares); EDF International (EDFI) y Electricidad Argentina SA(por 833 millones de dólares); Unisys Corporation (es indeterminado pero liquidaciones dan un rango de 25.267.875,64. a 30.013.673,94 pesos más CER e intereses); Azuriz Corp (por 79.970.000 o 78.510.000 dólares más daños históricos por 17.206.698 dólares); Saur International (no hay monto porque sólo presentó Solicitud de Arbitraje); Compañía General de Electricidad SA (CGE SA) y CGE Argentina SA (por 125 millones de dólares); y Bank Ok Nova Scotia (por 600 millones de dólares).
De acuerdo a cifras oficiales el reclamo de los bonistas italianos de Task Force Argentina es uno de los más importantes que el país tiene pendiente en tribunales internaciones porque, con sus 4.500 millones de dólares, representa un cuarto del total de los procesos abiertos.

Pateando en contra: Martinez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h). El CIADI fue creado por el Banco Mundial en 1967, pero la Argentina no cedió su jurisdicción para litigios internacionales a este organismo hasta que la última dictadura militar tomó el control del país por la fuerza. Fue una de las primeras decisiones que tomó el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, en abril de 1976 mediante un decreto que modificó el Código Procesal Civil y Comercial.
Después de haber trabajado en un estudio jurídico «allanado el 5 de septiembre de 1984 por la comisión parlamentaria que investigaba la ruinosa estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad», de acuerdo al libro Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, el hijo homónimo de Martínez de Hoz se asoció en la década del 90′ a Mariano Grondona –hijo del periodista– con quien fundó un estudio jurídico que se especializó en las áreas de petróleo, gas y arbitraje internacional, de acuerdo a lo publicado por la Revista Veintitrés. Así, tras la devaluación, ambos aprovecharon aquel decreto de la dictadura y presentaron cinco demandas en el CIADI contra la Argentina.
El reclamo iniciado en representación de Pan American Energy y BP Argentina Exploration Company está discontinuado, pero el monto pedido va entre 906.000.000 y 1321.000.000 dólares según el método de cálculo de daños que se adopte, más intereses y costas; el de RGA Reinsurance Company tenía un monto indeterminado pero la empresa desistió de continuarlo; el de Enersis SA, Chilectra SA, Empresa Nacional de Electricidad SA y Elesur, por 1.800 millones fue suspendido por la compañía chilena; en el de Wintershallag Energy por282.860.000 dólares hubo un laudo en el que se decretó que no estaba bajo jurisdicción del CIADI; y están en pleno trámite los juicios de El Paso Energy Interntaional Company -por entre U$S 97.900.000 y U$S 286.000.000 según el método de cálculo de daños que se adopte, más intereses y costas- y Mobil Argentina Sociedad Anónima (MASA) y Mobil Exploration and Development Argentina Inc. Suc. Argentina (MEDA), por 156.110.000 dólares.
Martínez de Hoz (h) integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, un think thank de civiles contra los juicios por las violaciones a los derechos humanos y de la defensa del Estado ausente que hoy nutre de letrados a quienes quieran litigar contra la Argentina.

http://www.elargentino.com/nota-97372-El-pais-ahorro-US$-33000-millones-por-juicios.html