La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro aprobó el texto de un proyecto de ley que busca regular el consumo, la comercialización y la publicidad del tabaco. La ciudad chubutense de Trelew prohíbe desde hoy fumar en cualquier espacio público

El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro se suma al presentado por los legisladores del Bloque Redes Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán, y al del edil Bonardo. Está orientado a la derogación de la actual Ley de Ambientes Libres de Tabaco (3.986).

Esta normativa contempla la posibilidad de que en los espacios públicos existan áreas para fumadores y permite la habilitación de establecimientos bajo la categoría «lugar para fumadores».

En tanto, las ciudades de General Roca y Cipolletti tienen sus propias ordenanzas que establecen la «absoluta prohibición» de fumar en espacios cerrados sin excepción y chocan así contra esta ley provincial, informó el sitio web Bariloche 2000 .

El proyecto de ley prohíbe fumar en espacios públicos y privados, entre ellos en las dependencias cerradas de los tres poderes del estado provincial, organismos públicos, dependencias cerradas privadas con o sin atención al público, transporte público de pasajeros y depósitos de almacenaje de alimentos . Tampoco se puede consumir tabaco en programas de radio y televisión, centros gastronómicos, terminales de transportes de pasajeros y lugares de recreación y esparcimiento.

En cuanto a la venta, propone prohibirla a los menores de edad. También impide el expendio a través de máquinas o cualquier otro medio que facilite el acceso.

Además, el proyecto de ley fija prohibiciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos que contengan tabaco.

También establece la creación del Comité de Lucha Antitabaco, que tendrá como función la elaboración de campañas de difusión y capacitación docente y se encargará de la recaudación de los fondos provenientes de las multas , efectuará mediciones de humo ambiental en las instituciones y organismos públicos y privados, y otorgará un premio anual a los lugares libres de humo. Otra de sus tareas será ofrecer servicios gratuitos destinados a tratar la adicción al tabaquismo.

En tanto, en los lugares que alcanzará la ley de ser sancionada se deberán colgar carteles con la leyenda Prohibido Fumar, Fumar es perjudicial para la salud, ley… , mientras que los sitios de venta deberán aclarar por el mismo medio que está prohibida «la venta de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años», sumado el número de la normativa.

La autoridad de aplicación será la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, que facilitará la descarga de modelos estandarizados de los carteles a través de su página web.

http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-96585-titulo-Ro_Negro_est_cerca_de_ser_100_libre_de_humo

El INTI se ha convertido en el primer organismo argentino y a la vez el primer ente público latinoamericano en incorporarse a la Global Footprint Network, principal organización promotora de la medición de la huella ecológica en el mundo

Esta organización reúne a ámbitos de gobierno, académicos y organizaciones de la sociedad civil de más de 40 países, trabajando sobre la estimación de la huella ecológica como parámetro central que permite determinar la salud ambiental de una región, un país o hasta una ciudad o barrio. Nuestra adhesión a la red permitirá capacitar personal e intercambiar información, que nos habilite en corto tiempo para comenzar a difundir mediciones locales y todo tipo de estimaciones internacionales. La visibilidad del INTI asociado a este tema, confiamos que aumentará el nivel de conciencia sobre la necesidad de evaluar en todo momento las tecnologías sustentables aplicables a la solución de problemas productivos de cualquier naturaleza.

*La Huella Ecológica es una medida de cuánta tierra y agua biológicamente productivas, necesita un individuo, una población o una actividad para producir todos los recursos que consume y absorber todos los desechos que genera, usando las tecnologías y la administración de recursos vigente. La HE se mide habitualmente en hectáreas globales.
Esa Huella se compara con la Biocapacidad, que es la capacidad del ecosistema en cuestión para producir materias biológicas útiles (MBU) y absorber desechos generados por los humanos, usando las técnicas de administración y de extracción corrientes. El concepto de “útilâ€� se define como aquellas materias biológicas usadas por la economía humana. La biocapacidad se calcula multiplicando el área física aplicada a un tema, por un factor de rendimiento y por un factor de equivalencia y también se mide en hectáreas globales. («Qué es bueno, qué es mejor. La medida del progreso en la economía» – Pág. 21- Serie «Debates para honrar el Bicentenario», INTI 2010)

http://www.www.facebook.com/?ref=home#!/notes/inti-prensa/el-inti-ha-sido-admitido-como-miembro-de-la-red-global-para-la-huella-ecologica-/425034828111

Los neumáticos en desuso de gran parte del área metropolitana tendrán como destino una planta industrial diseñada especialmente para su reciclado

El nuevo modelo de gestión que, impulsado desde el organismo, se lleva a cabo gracias a un acuerdo entre los municipios, el Ceamse y el sector privado, «ya es una realidad», dijeron integrantes de una comisión especial para el tratamiento del caucho, creada en INTI en 2007.

«Se trata de reciclar el caucho a través del molido de la goma de los neumáticos para la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas; y de recuperar el acero y los restos de la tela de la estructura, como materia prima», dijo a Télam Raúl Poliak, coordinador del equipo de trabajo que ideó el nuevo modelo de gestión, en el marco de INTI-caucho.

La planta industrial está ubicada en el sector Norte III del Ceamse en el partido de San Martín, que cedió dos hectáreas a una empresa privada por 20 años, a cambio de que ésta se encargue de recibir los neumáticos y reciclarlos.

Según informó Poliak, «el problema para los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan los neumáticos y el largo tiempo que demandan para degradarse -unos 600 años aproximadamente-«.

«Y del problema que genera al quedar dispuestos en espacios públicos creando un hábitat propicio para la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y roedores», señaló el ingeniero del INTI.

También, «el uso indebido de neumáticos en medios de transporte aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito; mientras que su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es perjudicial para el ambiente y la salud».

El modelo de gestión desarrollado por INTI define claramente el rol de cada área estatal y de la empresa privada con la que se articula el procesamiento del caucho.

«La función de los municipios, según este modelo de gestión, es garantizar la llegada de los neumáticos en desuso, por distintas vías y sin costo, a la planta industrial», señaló Poliak.

Por lo general, la recepción de los neumáticos por parte de los rellenos sanitarios se cobra. Los municipios deben pagar, y en el mejor de los casos, hay subsidios para aliviar a las comunas de ese gasto.

«Esta iniciativa le da una solución al problema del neumático en desuso», dijo Karina Potarsky, licenciada de análisis ambiental e integrante de la comisión que coordina Poliak.

En esta primera planta -que inició su puesta a punto hace apenas unos días- la empresa recibe sin costo los neumáticos y obtiene el molido de la goma de los neumáticos.

«Ese material sirve para la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas», dijo Potarsky.

Además, añadió la licenciada, «se recupera el acero (un anillo de ese metal que se encuentra en los neumáticos y los restos de la tela de la estructura».

El informe del INTI señala que «la sustitución de la importación del molido de goma es uno de los objetivos principales del emprendimiento, como también facilitar la exportación de canchas sintéticas y pisos deportivos».

«El monto de la inversión para la construcción de la planta y la adquisición de la maquinaria fue de 2.000.000 de dólares, una inversión que hizo la empresa con fondos propios, a lo que deberá sumar el pago de una canon anual a CEAMSE, para sus plantas sociales de reciclado», explicó Poliak.

Nuestra función, señaló el ingeniero del INTI «es realizar auditorías técnicas para verificar la correcta aplicación de tecnologías y uso de los materiales».

En tanto, Poliak aseguró que «esa comisión del INTI trabaja con cada municipio de la provincia de Buenos Aires para el diseño de la logística de abastecimiento y colaboramos con los programas de educación ambiental y regulaciones municipales».

«La ventaja para las municipalidades y grandes generadores reside en el hecho de que no deberán pagar por la disposición final de los neumáticos y se les entregará el certificado ambiental correspondiente», concluyó el coordinador del equipo.

Según informó el INTI, la comisión coordinada por INTI-Caucho está integrada por fabricantes, importadores, reconstructores, cámaras empresarias y organismos públicos.

«Este modelo de intervención, que buscará adecuarse a otras regiones del país, muestra que el trabajo entre organismos del Estado y actores del sector privado puede resolver adecuadamente problemas ambientales y de salud pública que hasta el momento no tenían solución» aseguró Poliak.

Fuente: Telam

http://www.argentina.ar/_es/ciencia-y-educacion/C4225-reciclaran-los-neumaticos-en-desuso-del-area-metropolitana.php

El mismo Centro Integral de Arreglo de Diferencias de Inversiones había condenado a nuestro país, en 2007, a pagar u$s128 millones a Sempra. Esa firma pretendió embargar la residencia de San Martín en Boulogne Sur Mer

El CIADI anuló el laudo que favorecía a la empresa Enron.Un comité del CIADI dio la razón a los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y anuló el laudo que condenó a la Argentina a pagar más de u$s106 millones a las empresas Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.

La decisión fue comunicada a última hora del viernes pasado, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), conformado por Gavan Griffith -Australia-, el juez Patrick Robinson -Jamaica- y el juez Per Tresselt de Noruega, notificaron a la Procuración del Tesoro su decisión de anular la demanda de ambas empresas, según se informó en la página de prensa de la Presidencia de la Nación.

Se trata de la segunda anulación completa y definitiva de una sentencia desfavorable que recibe la Argentina en menos de un mes de parte del CIADI.

Como informó semanas atrás Buenos Aires Económico, la anterior resolución se produjo en el caso de la demanda entablada por Sempra Energy en la cual se había condenado a nuestro país a pagar u$s128 millones más intereses. Justamente Sempra intentó embargar la casa museo en la que vivió el general José de San Martín en Boulogne Sur Mer, Francia, y el edificio del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján, en España.

Esa firma inició en 2002 un arbitraje contra nuestro país por considerar que algunas medidas tomadas frente a la crisis económica –en transporte y distribución de gas– violaban el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre la Argentina y los Estados Unidos. El CIADI hizo lugar al reclamo y el 28 de septiembre de 2007 condenó al país a pagar u$s128 millones más intereses. Sempra tenía el 43% de las acciones de Sodigas, que a su vez posee el 86% de Camuzzi Gas Pampeana y el 90% de Camuzzi Gas del Sur.

Todo cambia. En esta ocasión, dos empresas norteamericanas accionistas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) demandaron a la Argentina ante un tribunal del CIADI por la negativa del Gobierno a permitir el ajuste de tarifas del transporte de gas en dólares, así como por pesificar esos precios por la Ley de Emergencia, sancionada en 2002.

La Argentina, a través de la Procuración del Tesoro, invocó como defensa la existencia de un estado de necesidad –excepción contemplada por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI)– que había llevado a la sanción de la Ley de Emergencia y al abandono del régimen de convertibilidad para hacer frente a la crisis política, económica y social más grave de la historia argentina.

Sin embargo, el tribunal arbitral emitió un laudo el 22 de mayo de 2007 y condenó a la Argentina a pagar u$s106,2 millones de indemnización por haber violado su obligación de acordar un trato justo y equitativo a las empresas inversoras, así como la obligación de cumplir con los compromisos por la inversión.

Además se rechazó la defensa de “estado de necesidad� prevista en el derecho internacional consuetudinario, así como la aplicación de una cláusula especial del Tratado Bilateral de Inversiones que rige en situaciones de necesidad (artículo XI).

Ante ello, la Procuración del Tesoro solicitó a un comité de anulación del CIADI la reversión del laudo, y dicho ente consideró que el tribunal arbitral que condenó a la Argentina “se extralimitó en sus facultades�, lo que constituye causal de anulación, al no haber aplicado el derecho que tenía que aplicar para resolver la controversia, es decir las normas del derecho internacional que rigen el estado de necesidad. “En lugar de ello, se valió de la opinión de un perito sobre una cuestión económica�, señalaron los voceros del Tesoro.

También se expresó que el tribunal omitió detallar los motivos de su decisión, lo que constituye otra causal de anulación. En palabras del comité, la decisión del tribunal sobre que no se habían cumplido los requisitos para la aplicación del estado de necesidad “está contaminada con un error anulable�.
Por ello se anuló también la condena a pagar los u$s106,2 millones reclamados inicialmente.

La defensa de los derechos argentinos fue llevada por la Procuración del Tesoro, organismo rector del Cuerpo de Abogados del Estado y que tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Ejecutivo nacional y la representación del Estado en los juicios iniciados por y contra la Argentina.

Por otra parte, en la misma fecha se recibió la decisión sobre responsabilidad de un tribunal arbitral en los casos de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe, donde las compañías Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e Interagua Servicios Integrales del Agua S.A. también demandaron a nuestro país ante el CIADI. El tribunal está integrado por un presidente norteamericano, un árbitro suizo y otro venezolano.

http://www.elargentino.com/nota-101061-seccion-107-Segundo-fallo-del-CIADI-en-un-mes-a-favor-de-Argentina-.html

Academia Pitman Argentina, creada en 1919, pasó a manos de sus empleados. Lo lograron luego de un largo recorrido y, ahora como cooperativa, la intitución seguirá brindando cursos de formación integral de profesionales en distintas disciplinas de la actividad administrativo comercial

Pitman ahora está en manos de sus trabajadores.Academia Pitman Argentinas, una institución creada hace más de 90 años y especializada en la capacitación profesional, fue recuperada por sus trabajadores luego de una larga pelea. «De un tiempo a esta parte, las Academias Pitman funcionan como una Institución Educativa Recuperada», informan los empleados en Facebook.

Esa fue la forma con la que el instituto evitó cerrar sus puertas y continuó ofreciendo cursos de formación integral de profesionales en las distintas disciplinas de la actividad administrativo comercial y otras herramientas adicionales. Algunas de sus ofertas son dactilografía, taquigrafía, computación, inglés y data entry.

Así Pitman se suma a una serie de fábricas recuperados y que, hasta hoy, tenía como último antecedente al frigorífico Torgelón, que volvió a manos de sus trabajores en 2009. «Si bien se trata de una cooperativa de trabajo en formación, Pitman no es sólo una empresa. Se trata de una entidad enfocada en entregar conocimientos, desarrollar capacidades y estimular el aprendizaje, apoyada en su exclusivo método de enseñanza y en la calidad de sus docentes», sostienen desde la institución

http://www.elargentino.com/nota-101146-Trabajadores-recuperaron-una-nueva-fabrica.html

Un Comité del Ciadi dio la razón a los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y anuló el laudo por el cual se había condenado a la Argentina a pagar más de u$s106 millones a las empresas Enron Creditors Recovery y Ponderosa Assets. Es el segundo fallo a favor en menos de un mes

Crédito Foto: Infobae

La decisión fue comunicada a última hora del viernes 30 de julio, cuando un Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), conformado por Gavan Griffith -de Australia-, el Juez Patrick Robinson –de Jamaica- y el Juez Per Tresselt de Noruega, notificaron a la Procuración del Tesoro de la Nación su decisión de anular definitivamente la demanda entablada por ambas empresas.

Es la segunda anulación completa y definitiva de una sentencia desfavorable que recibe la Argentina en menos de un mes de parte de un Comité de anulación del CIADI.

La primera se produjo en el caso de la demanda entablada por la empresa Sempra Energy y en la cual se había condenado a nuestro país a pagar 128 millones de dólares más intereses.

En esta oportunidad, las demandantes, dos empresas norteamericanas accionistas de Transportadora de Gas del Sur (TGS), habían demandado a la Argentina ante un tribunal arbitral del CIADI debido a la negativa del gobierno argentino a permitir el ajuste de tarifas del transporte de gas en dólares, así como por la posterior pesificación de dichas tarifas por la Ley de Emergencia, sancionada en el 2002, por considerar que ello constituía una violación del Tratado Bilateral de Inversiones celebrado entre la Argentina y los Estados Unidos.

La República Argentina, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación invocó como defensa la existencia de un estado de necesidad -excepción contemplada por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI)- que había llevado a la sanción de la Ley de Emergencia y al abandono del régimen de convertibilidad para hacer frente a la crisis política, económica y social más grave de la historia argentina.

Sin embargo, el tribunal arbitral emitió un laudo, el 22 de mayo de 2007 condenando a la República Argentina a pagar a las demandantes la suma de 106,2 millones de dólares en concepto de indemnización por haber violado su obligación de acordar un trato justo y equitativo a las empresas inversoras, así como la obligación de cumplir con los compromisos contraídos con respecto a la inversión.

Además de rechazar la defensa de estado de necesidad prevista en el derecho internacional consuetudinario, así como la aplicación de una cláusula especial del Tratado Bilateral de Inversiones que rige en situaciones de necesidad (artículo XI).

Ante ello, la Procuración del Tesoro de la Nación de Argentina solicitó a un Comité de Anulación del mismo CIADI la reversión del laudo.

Según el Comité, el tribunal arbitral que condenó a la Argentina se extralimitó manifiestamente en sus facultades, lo que constituye causal de anulación, al no haber aplicado el derecho que tenía que aplicar para resolver la controversia, es decir las normas del derecho internacional que rigen el estado de necesidad, «sino que, en lugar de ello, se valió de la opinión de un perito sobre una cuestión económica».

Se agregó además que el tribunal omitió expresar los motivos de su decisión, lo que constituye otra causal de anulación. En palabras del Comité, la decisión del tribunal en cuanto a que no se habían cumplido los requisitos para la aplicación del estado de necesidad «está contaminada con un error anulable».

Por consiguiente se anuló también la condena a pagar los 106,2 millones de dólares reclamados inicialmente.

La defensa de los derechos argentinos fue llevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el organismo rector del Cuerpo de Abogados del Estado y que tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo de la Nación y la representación del Estado Argentino en los juicios iniciados por y contra la Argentina dentro y fuera del país.

http://www.infobae.com/economia/529154-101275-0-Un-nuevo-fallo-del-Ciadi-favor-la-Argentina