Correo Argentino, ferrocarriles, Transener, Astillero Tandanor, Enarsa y ahora Aerolíneas Argentinas son muestras de una estrategia que pugna por otorgarle al Gobierno un rol determinante en el control de recursos considerados clave. En esta nota, las características y evolución del fenómeno
Cada una de estas situaciones contó con la intervención de un agente de probada relevancia: el Estado. Mediante participaciones concretas o a través de terceros asociados, el Gobierno mantiene una línea de acción que, de Néstor Kirchner a esta parte, apuesta a poner bajo control local las empresas que rotula de estratégicas.
La última muestra tuvo lugar este lunes, cuando Cristina Fernández de Kirchner encabezó el anuncio oficial sobre el traspaso de Aerolíneas Argentinas, ante un público integrado por funcionarios, empleados, empresarios y sindicalistas.
En ese marco, la Presidenta confirmó que a partir de ahora se abre un período de 60 días para que la Justicia dictamine la situación real de la compañía de bandera; lapso en el cual también se enviará un proyecto de ley al Congreso.
En ese plazo, el Estado invertirá en Aerolíneas Argentinas para darle valor y después se iniciará un proceso de ingreso de capital privado a la empresa, que tiene una deuda de u$s890 millones, de los cuales u$s260 millones son exigibles en el corto plazo.
Si la situación financiera de la aérea es crítica, no lo es menos el funcionamiento de la compañía: opera con 17 aviones alquilados, sólo tiene 6 propios, 20 destinos, apenas 9 oficinas en el exterior y ningún simulador de vuelo. Estos datos fueron precisados por el mismo ministro Julio De Vido.
Aerolíneas perteneció al Estado argentino desde su fundación, a finales de 1950, hasta su venta en 1990 a Iberia, que seis años más tarde traspasó su gestión a la estadounidense American Airlines, de donde pasó un año después a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, y de ésta al grupo Marsans en octubre de 2001.
Como en otras oportunidades, el rótulo de “estratégico” sobrevoló todo el reciente proceso de negociación iniciado con los españoles de Marsans. Esa misma definición fue aplicada al control del espacio radioeléctrico, que hasta 2003 estuvo en manos de la francesa Thales y luego volvió a manos del Gobierno.
“Aerolíneas entra dentro de las privatizaciones que se hicieron muy mal. La estatización es casi una respuesta a las políticas que se siguieron en los noventa. Nadie puede negar que la empresa estaba siendo muy mal manejada por los españoles”, señaló, a infobaeprofesional.com, Nicolás Bridger, economista de la consultora Prefinex.
“La decisión se ajusta a un fenómeno que podría continuar. Hay una argentinización en ciertos sectores que el Gobierno entiende como sensibles. Las energéticas, por ejemplo, son otra muestra de la tendencia”, agregó.
La idea de ostentar una mayor injerencia dentro del sector energético comenzó a tomar forma durante el primer año de gestión de Néstor Kirchner.
Ya en septiembre de 2004, el gobierno constituyó la estatal Energía Argentina (Enarsa), a fin de concretar inversiones en un sector clave de la economía. Ámbito que, reconocieron desde el Estado, evidenciaba por entonces un fuerte déficit en materia energética.
La primera gran actuación de Enarsa tuvo lugar a fines de 2007, cuando la estatal adquirió el 25% de la transportadora de electricidad Transener, hasta ese momento en manos de la brasileña Petrobras.
Igualmente, y pese al perfil argentino que ahora ostenta la compañía, la situación de la misma no deja de mantenerse compleja. “Está en un momento en el que no obtiene ganancias. Por eso se mantiene trabajando al límite, y la mejoría dependerá de un cambio en las tarifas”, señaló Bridger.
YPF
Sin dudas, hasta este presente de previsible estatización de Aerolíneas Argentinas la principal muestra de interés por continuar argentinizando empresas de parte del Gobierno –al menos, en lo que va del año– correspondió a la entrada de Enrique Ezkenazi en YPF.
En febrero pasado el empresario acordó la compra del 14.9% de la petrolera en una suma superior a los u$s2.200 millones. Y obtuvo una opción de compra para quedarse con un 10.1% adicional de la filial local de la petrolera en un período máximo de cuatro años.
El arribo de Eskenazi a YPF llegó como consecuencia no sólo del interés del empresario por expandir su presencia comercial en el ámbito de los hidrocarburos, sino también por el apoyo recibido de parte del gobierno al momento de iniciar las tratativas con Repsol.
Cada una de las conversaciones fue seguida muy de cerca por el ex presidente Kirchner, quien desde los inicios de su gestión pugnó por lograr la entrada de capitales nacionales en la empresa que naciera bajo el paraguas del Estado.
Pero no sólo Eskenazi había puesto los ojos en YPF. Capitales locales como el Grupo Bemberg (ex dueños de la cervecería Quilmes), Eduardo Eurnekian y el grupo Werthein (accionistas de Telecom y dueños de La Caja) también expresaron en su momento un creciente interés por hacerse con una parte de la petrolera.
Trenes
La administración de Néstor Kirchner también exhibió un profundo interés en retomar el control de los ferrocarriles.
La primera muestra tuvo lugar el 23 de junio de 2004, cuando el Estado optó por rescindir el contrato vigente con el empresario Sergio Taselli, con lo cual le quitó la concesión –que tenía hasta 2024- del Ferrocarril San Martín, a raíz de “graves y reiterados incumplimientos en la prestación del servicio”.
Posteriormente, el Gobierno se hizo cargo de la línea y le cedió la operación a Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrovías y Ferrovías.
Mediante esa decisión, el Gobierno concretó la reestatización de un total de siete concesiones otorgadas durante la presidencia de Carlos Menem y, particularmente en el caso de los trenes, profundizó el modelo mixto de operación privada–inversión en manos del Estado.
Agua
Otra de las estatizaciones resonantes correspondió a la provisión de aguas en Buenos Aires y su área de influencia.
En marzo de 2006, el Gobierno rescindió la concesión a Aguas Argentinas –firma controlada por un consorcio liderado por la francesa Suez y Aguas de Barcelona– y dio origen a la estatal Agua y Saneamiento Argentinos (AySA).
En esa ocasión, el Estado asumió el control a raíz de las numerosas quejas recibidas en torno a los servicios prestados por Aguas Argentinas. Argumentos como los “elevadísimos niveles de nitratos” que evidenció el producto ofrecido por la compañía precipitaron la decisión.
Respuesta
Uno de los primeros intentos por exhibir al Estado como una respuesta apropiada a interrogantes y problemáticas originadas en el sector privador corrió por cuenta de la firma Lafsa.
Concebida en mayo de 2003, Líneas Aéreas Federales (Lafsa) tuvo como principal misión absorber a los ex empleados de LAPA y Dinar.
La industria naviera tuvo también una muestra de argentinización con la vuelta al Estado del astillero Tandanor. El traspaso fue decretado por el entonces presidente Kirchner el 3 de abril de 2007.
Correo
El proceso de argentinización de empresas también cobró notoriedad con el traspaso a manos del Estado del Correo Argentino.
Todo ocurrió en noviembre de 2003, y por aquel entonces la administración liderada por Néstor Kirchner rescindió el contrato otorgado años antes al Grupo Macri.
El motivo: cánones impagos y cuestiones contractuales que llevaron la deuda de la empresa con el Estado a $450 millones. La salida de esa situación derivó en la creación del Correo Oficial.
Ya en enero de 2004, el Estado le revocó el contrato a la francesa Thales Spectrum, que controlaba la utilización del espacio radioeléctrico, también por cánones impagos, y delegó el control del espectro en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Consultados respecto de una potencial profundización en cuanto a la estrategia de fomentar la presencia de capitales argentinos –estatales o privados– en empresas con operaciones a nivel local, tanto Bridger como Bulat coincidieron en que el Gobierno mantendría la conducta iniciada en tiempos de Néstor Kirchner.
“Espacios como el energético podrían atraer todavía más la atención del Estado. Sobre todo por lo que está sucediendo con el petróleo a nivel internacional”, expresó Bridger, de Prefinex.
El economista sostuvo que “no sería de extrañar alguna acción en esa área en tanto, hasta el momento, los principales movimientos del Gobierno estuvieron dirigidos casi exclusivamente a los servicios públicos”. “Ahora la dirección podría cambiar”, comentó.
En tanto, Tomás Bulat sostuvo que la argentinización “podría mantenerse, aunque ya no quedan demasiados lugares en los que el Estado no tenga presencia”.
Bulat se mostró partidario del control estratégico de ciertos recursos por parte del Gobierno pero no así de que la explotación de los activos recaiga sobre las espaldas del mismo actor.
“Un ejemplo es la energía: debe tenerse el dominio estratégico, pero no necesariamente la explotación”, dijo. Y agregó: “Que el Estado esté presente cambia el escenario pero no garantiza nada. La estrategia debe pasar, principalmente, por garantizar la producción”.
Patricio Eleisegui
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