A pesar de la intensa campaña en contra, el GAFI no vio inconvenientes a la nueva ley para la repatriación de capitales promulgada por el Congreso en diciembre y que permitirá que más de 3.000 millones comiencen a ser gravados por la Nación.
Una intensa campaña en contra de la ley fue implementada desde los medios
A contramano de las voces que se jugaban a que la Argentina iba a ser condenada internacionalmente por la aprobación de la ley 26.476, de “regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales”, o llanamente llamada en los medios como de blanqueo de capitales, el miércoles el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, aterrizó en Ezeiza procedente de París, con la noticia de que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) había avalado dicha norma promulgada por el Congreso Nacional el pasado 22 de diciembre de 2008.
El GAFI es el organismo intergubernamental integrado por treinta y tres países –entre ellos la Argentina–, cuyo “propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Sus conceptos e informes son tomados en cuenta para que los países parte sean avalados dentro del sistema financiero internacional.
A su llegada, Aníbal Fernández, afirmó que el GAFI “evaluó correctamente los elementos de seguridad que ofrece la Argentina” en materia de lucha contra el lavado de capitales, y que “no recomendó ninguna acción o medida contra la Argentina”.
Y detalló que después de su exposición ante el organismo el lunes, el grupo entendió que la Argentina “incluyó en su ley las previsiones necesarias que demuestran los controles en materia de lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, por lo cual no recomendó ninguna medida contra el país”.
El ministro había viajado el sábado a la reunión plenaria del organismo, en compañía del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la Unidad de Información Financiera que funciona bajo la órbita de su cartera.
El lunes tuvo su intervención y allí el ministro señaló que “la ley no afecta los controles”, que “no se libera a los sujetos obligados a sus responsabilidades”, que “no afecta negativamente a las medidas actuales” y que además “se incluyen normas específicas para mitigar los riesgos de que este instrumento legal pueda ser usado para legitimar activos de origen ilícito o financiar terrorismo”.
También afirmó ante el Grupo de Cooperación y Revisión Internacional que “se incrementarán los recursos de la Unidad de Información Financiera (UIF) para poder atender a la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas que se remitan por los sujetos obligados como consecuencia de la nueva norma”.
Precisamente en enero el Gobierno había anunciado que triplicaría el presupuesto de la UIF y pasaría de $5,3 millones a disponer para su tarea de $15,6 millones.
El ministro recordó que la ley de blanqueo “no es un invento argentino”, sino que previamente fue aplicada en países como Alemania, Portugal, Grecia, Bélgica, Italia, Reino Unido, México, Rusia, Sudáfrica, los Estados Unidos, Irlanda y Canadá.
El miércoles, durante una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno, el funcionario informó sobre el contenido de la carta que el GAFI remitió al Gobierno y en la que reiteraba lo que informó el ministro, y explicó: “Se trata de una decisión de la política pública de los argentinos parangonada más o menos con la que ya se tomó en estos lugares del mundo de relevancia. Tiene que ver en nuestro caso con mucho cuidado con el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.
La ley gubernamental había levantado gran polvareda mediática y entre los tradicionales opositores del oficialismo en diciembre pasado, cuando se debatió y cumplió el trámite legislativo de rigor.
De hecho, La Nación desplegó un gran titular en tapa denunciando “Presión internacional sobre el Gobierno por el blanqueo”, cuando la entidad solicitó precisiones sobre el alcance de la ley, en ese momento en trámite, y sobre su compatibilidad con las reglas del GAFI.
A finales de diciembre, también la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había anunciado con gran despliegue mediático que denunciaría al Gobierno nacional, precisamente ante el GAFI, por lavado de dinero. En su momento había dicho que “con la presión internacional vamos a lograr que deroguen la ley de blanqueo”, y añadió a la prensa que “esta gente controla en serio. La Argentina está al límite de ser un país lavador, si es que ya no lo es, y el GAFI va a actuar”.
Esta semana se difundió el pronunciamiento del GAFI y la entidad avaló la ley 26.476. Carrió no dijo nada. La Nación, poco.
El GAFI es el organismo intergubernamental integrado por treinta y tres países –entre ellos la Argentina–, cuyo “propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Sus conceptos e informes son tomados en cuenta para que los países parte sean avalados dentro del sistema financiero internacional.
A su llegada, Aníbal Fernández, afirmó que el GAFI “evaluó correctamente los elementos de seguridad que ofrece la Argentina” en materia de lucha contra el lavado de capitales, y que “no recomendó ninguna acción o medida contra la Argentina”.
Y detalló que después de su exposición ante el organismo el lunes, el grupo entendió que la Argentina “incluyó en su ley las previsiones necesarias que demuestran los controles en materia de lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, por lo cual no recomendó ninguna medida contra el país”.
El ministro había viajado el sábado a la reunión plenaria del organismo, en compañía del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la Unidad de Información Financiera que funciona bajo la órbita de su cartera.
El lunes tuvo su intervención y allí el ministro señaló que “la ley no afecta los controles”, que “no se libera a los sujetos obligados a sus responsabilidades”, que “no afecta negativamente a las medidas actuales” y que además “se incluyen normas específicas para mitigar los riesgos de que este instrumento legal pueda ser usado para legitimar activos de origen ilícito o financiar terrorismo”.
También afirmó ante el Grupo de Cooperación y Revisión Internacional que “se incrementarán los recursos de la Unidad de Información Financiera (UIF) para poder atender a la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas que se remitan por los sujetos obligados como consecuencia de la nueva norma”.
Precisamente en enero el Gobierno había anunciado que triplicaría el presupuesto de la UIF y pasaría de $5,3 millones a disponer para su tarea de $15,6 millones.
El ministro recordó que la ley de blanqueo “no es un invento argentino”, sino que previamente fue aplicada en países como Alemania, Portugal, Grecia, Bélgica, Italia, Reino Unido, México, Rusia, Sudáfrica, los Estados Unidos, Irlanda y Canadá.
El miércoles, durante una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno, el funcionario informó sobre el contenido de la carta que el GAFI remitió al Gobierno y en la que reiteraba lo que informó el ministro, y explicó: “Se trata de una decisión de la política pública de los argentinos parangonada más o menos con la que ya se tomó en estos lugares del mundo de relevancia. Tiene que ver en nuestro caso con mucho cuidado con el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.
La ley gubernamental había levantado gran polvareda mediática y entre los tradicionales opositores del oficialismo en diciembre pasado, cuando se debatió y cumplió el trámite legislativo de rigor.
De hecho, La Nación desplegó un gran titular en tapa denunciando “Presión internacional sobre el Gobierno por el blanqueo”, cuando la entidad solicitó precisiones sobre el alcance de la ley, en ese momento en trámite, y sobre su compatibilidad con las reglas del GAFI.
A finales de diciembre, también la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había anunciado con gran despliegue mediático que denunciaría al Gobierno nacional, precisamente ante el GAFI, por lavado de dinero. En su momento había dicho que “con la presión internacional vamos a lograr que deroguen la ley de blanqueo”, y añadió a la prensa que “esta gente controla en serio. La Argentina está al límite de ser un país lavador, si es que ya no lo es, y el GAFI va a actuar”.
Esta semana se difundió el pronunciamiento del GAFI y la entidad avaló la ley 26.476. Carrió no dijo nada. La Nación, poco.
