Es un complejo para 536 internos que cumple con los más altos estándares internacionales en la materia. El ministro de Justicia Alak anunció, además, que el mes que viene se inaugura el penal de General Güemes, en Salta; y antes de junio se licitará el de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró hoy que “desde 2003 se están resolviendo en el país históricos atrasos en materia de infraestructura penitenciaria; y la decisión de la presidenta Cristina Fernández es continuar mejorando las condiciones de detención y las oportunidades educativas y laborales de los internos�.

Fue al firmar, esta mañana, en la sede ministerial, el contrato de adjudicación de la obra de construcción del Centro Penitenciario Federal de Cuyo.

El complejo carcelario modelo tendrá 536 plazas de alojamiento que será levantado en la localidad de Cacheuta, a seis kilómetros de Luján de Cuyo y a 35 de la capital mendocina, en base a una concepción de vanguardia en materia de tratamiento de las personas privadas de su libertad.

Además anunció que el mes que viene se inaugura el penal de General Güemes, en Salta; y antes de junio se licitará el de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.

Acompañado por el gobernador mendocino Celso Jaque, Alak explicó que “el proyecto profundiza el cambio que se viene operando en el diseño y la construcción de establecimientos penitenciarios, en virtud de políticas penitenciarias que ponen el acento en la resocialización de los condenados para favorecer su reinserción en el medio libre, bajar los índices de reincidencia en el delito y, de esa manea, construir una sociedad más inclusiva y más segura�.

El funcionario enfatizó que “en materia carcelaria, los cambios estructurales y cualitativos que el Gobierno introdujo desde 2003 en el Servicio Penitenciario Federal, configuran el programa de reforma más ambicioso de los últimos sesenta años�.

“Con una inversión de casi mil millones de pesos, estamos incorporando establecimientos que prescinden de la arquitectura clásica de las prisiones para crear condiciones de alojamiento que favorecen la resocialización y ayudan a reducir los niveles de reincidencia en el delito�, destacó el ministro de Justicia.

En ese sentido, anticipó que el mes próximo la cartera a su cargo inaugurará el Complejo del Noroeste en la ciudad salteña de General Güemes, en tanto que antes de junio próximo se licitará la construcción del Complejo Federal de Condenados Agote de Mercedes (provincia de Buenos Aires).

“En conjunto -precisó Alak- son unas 2500 nuevas plazas que ratifican que el sistema penitenciario argentino sigue siendo de vanguardia y respetuoso de los derechos humanos�.

En el acto realizado hoy en la sede de la cartera de Justicia, estuvieron también el Jefe de Gabinete ministerial, Juan Martín Mena; la subsecretaria de Infraestructura Penitenciaria, Lía María; el subsecretario de Gestión Penitenciaria, Alejandro Marambio; Mario Adaro, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Mendoza; y la diputada nacional Marita Perceval.

Educación y Trabajo para la resocialización

Justicia informó que en Argentina, más del 25% de las sentencias condenatorias actuales se corresponde con casos de reincidencia. “La educación es uno de los pilares centrales para que las personas privadas de su libertad tengan, al egresar del sistema penitenciario, más y mejores oportunidades de reinsertarse en la sociedad�, señaló Julio Alak.

“La educación es, entonces, una de las políticas fundamentales que debemos profundizar para reducir la reincidencia en el delito y, de esa manera, reducir la violencia y asegurar la paz social�, enfatizó.

Alak precisó que “hoy, 5.251 internos acceden a servicios de educación formal, lo que representa, aproximadamente, el 60% de los presos federales».

Indicó que aumentó considerablemente las plazas disponibles para el trabajo: «al 31 de diciembre de 2006, había 3.260 internos afectados a actividades laborales, en tanto que al 31 de diciembre de 2009, ese número trepó a 4.472 y actualmente, tenemos 4.933 trabajadores, de los cuales 2.931 son condenados, lo que representa, aproximadamente, el 70 por ciento de los internos con sentencia firme�.

Fuente: Sala de Prensa

http://www.prensa.argentina.ar/2011/03/18/17639-el-gobierno-invertira–165-millones-en-la-construccion-de-un-centro-penitenciario-modelo-en-mendoza.php

Un lavadero de autos será inaugurado mañana en la cárcel santafesina de Las Flores, lo que generará puestos de trabajo genuinos como herramienta de reinserción social, informaron fuentes del Ejecutivo provincial

El proyecto fue financiado conjuntamente por la secretaría de Asuntos Penitenciarios y la dirección de la Unidad Penitenciaria, y empleará a 10 personas privadas de su libertad. Además, los trabajadores usarán hidrolavadoras y aspiradoras que fueron donadas por la comunidad parroquial de la Iglesia “Agustinos Recoletos�, de la capital provincial.

El acto se realizará a las 9.30 y contará con la presencia del secretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti; el director general del Servicio Penitenciario, Mariano Buffarini; el director provincial de Capacitación Penitenciaria, Gabriel Fajardo; y el director de la cárcel, Humberto Orsi.

El lavadero llevará el nombre de “Don Pepe� a elección de los internos en homenaje a “Pepe� Fosatti, un preso que falleció por causas naturales a los 71 años, estando detenido en Las Flores. (Télam).

http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/11/02/noticia_0066.html

Un grupo de internos detenidos en la Unidad 18 de Gorina construye paneles y sistemas sanitarios para instalar en casas prefabricadas. Para desarrollar esta actividad están asesorados por profesores y docentes de la Facultad de Arquitectura que llevan adelante un proyecto de extensión financiado por la UNLP

Por el momento, son catorce los detenidos en esa unidad penitenciaria que fueron seleccionados por las autoridades. La intención de la iniciativa es articular este trabajo con otras tareas que se llevan adelante en la facultad y que tienden a impulsar la construcción de viviendas de bajo costo para sectores de escasos recursos, según informaron desde la UNLP.
El sistema sanitario que construyen los presos de Gorina se ensambla y es compatible con viviendas que desarrollan otros equipos que colaboran con organizaciones sociales y gubernamentales para afrontar el déficit habitacional en sectores sociales postergados, aclararon.
El proyecto de extensión, denominado Construcción, Capacitación y Desarrollo Tecnológico Productivo, de la Facultad de Arquitectura tiene por objetivo la integración social y el desarrollo de nuevas habilidades en la construcción, completaron desde la casa de estudios. La iniciativa está destinada a internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, junto con los tutelados del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.
Con la modalidad de aula taller, para generar un espacio de reflexión, se construyen paneles de hormigón con instalaciones sanitarias para poder montar casas. Son modelos compatibles con cualquier construcción y de fácil traslado, y se aplican mediante técnicas novedosas y económicas que resuelven la nivelación y la lisura de los moldes.
“Nosotros hicimos una cuenta que es que si uno de cada cien presos de la Provincia se integrara a este programa trabajando ocho horas por día, se podría obtener la mano de obra de 300 casas por año�, explicó el arquitecto Carlos Cremaschi, director del proyecto.
La idea es producir dentro de la cárcel y generar el montaje afuera, con los presos que pueden salir. Además, obtienen un certificado de aptitud técnica nacional, que posibilita la comercialización.
El director de la experiencia sostiene que este programa interesa mucho por dos motivos: “Porque este es uno de los sectores necesitados de que la Universidad intervenga, y porque es posible generar un mecanismo de reinserción social�.

http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-85853-titulo-Presos_construyen_instalaciones_para_casas_prefabricadas_con_asesoramiento_de_la_UNLP

Son 21 reclusos que se recibirán de técnicos. Gracias a una iniciativa del Albert Thomas, tendrán mayores posibilidades de reinserción, una vez que salgan de la cárcel de Olmos

Este viernes recibirán sus diplomas los egresados de la primera escuela técnica que funciona en la cárcel ubicada en la localidad platense de Olmos. El establecimiento es una extensión de la escuela de educación técnica Albert Thomas, históricamente conocida como el Industrial de La Plata.
Ese día, a las 10, los 21 internos que durante tres años cursaron la carrera en doble escolaridad recibirán sus títulos de técnico en equipos e instalaciones eléctricas y en electrónica. “Para nosotros fue un desafío�, dijo a Hoy el director del Industrial, Jorge Mattia, y agregó: “Cumplimos con la meta�.
Contó que el plantel docente “se siente feliz y satisfecho por esta tarea que propende a la reinserción social y laboral� de quienes purgan condena en el penal.
La enseñanza en las cárceles forma parte de un programa de extensión, que según Mattia quieren extender hacia otras unidades, como la de Florencio Varela. “La idea es llegar a todas las cárceles�, precisó.
Respecto de la modalidad de cursada y enseñanza, el docente expresó que el desarrollo de las clases fue “similar� al que los alumnos reciben en el Thomas. “Es de doble escolaridad: en el primer turno tienen la parte curricular, mientras que en el segundo se imparten las tecnicaturas�, es decir los talleres.
Para llevar adelante la iniciativa, el espacio físico de la unidad penal fue adaptado por el ministerio de Justicia bonaerense. Mientras que la cartera educativa equipó las aulas y laboratorios.
Los docentes
Mattia destacó el trabajo de los 40 docentes que a diario iban a dictar clases a la cárcel. “Al principio iban con temor, ya que era todo un desafío. Además, hay que destacar que no cobraron extra por este trabajo, pero de todos modos creo que lo hubieran hecho gratis. La respuesta de los alumnos fue muy buena y ellos están muy agradecidos�.
Para el próximo año, los docentes prevén un gran número de inscriptos, debido a que algunos internos ya comenzaron a anotarse. “El tope de inscriptos es de 30 alumnos por curso�, manifestó.
El profesor también resaltó la recepción de los estudiantes. “La mayoría de los alumnos eran jóvenes, le dedicaron mucho a su formación. Todos quieren salir de la delincuencia, se manifestaron arrepentidos de los delitos cometidos y eso es muy bueno que ocurra�.

Los estudiantes

De acuerdo a un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense dado a conocer en septiembre
último, alrededor de 699 reclusos estaban aprendiendo a leer y escribir de la mano de 64 alfabetizadores (reclusos que fueron capacitados para ese fin).
Mientras tanto, la mayoría de esos presos también trabajaba dentro o fuera de las cárceles en tareas que iban desde la limpieza hasta la reparación de computadoras y material informático.
Respecto de la terminalidad: en 2008, unos 482 presos culminaron sus estudios primarios, en tanto que 229 egresaron del secundario.
En cuanto a la formación en oficios y profesiones, 2.215 detenidos aprendían panadería, apicultura, electricidad, tapicería y albañilería, entre otros.

La técnica pionera

La escuela, inaugurada en 2007, es la primera técnica de Sudamérica montada en una cárcel. Las iniciativas anteriores incorporaban la enseñanza primaria y media.
Llevada a cabo por la dirección general de Cultura y Educación y el ministerio de Justicia bonaerenses, el objetivo de la escuela carcelaria es contribuir a la futura reinserción de los liberados en la sociedad.
En esa unidad ya funcionaban una escuela secundaria, una primaria y un centro de alfabetización, por lo que la inclusión de la escuela técnica amplió la gama de ofertas educativas disponibles para las personas privadas de la libertad.

http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-56366-titulo-Egresan_los_presos_del_Industrial

“A mí jamás se me cruzó que iba a salir recibido de una cárcel. Eso me cambió un montón el panorama de vida. Todo cuesta allá adentro, pese a eso logré estudiar y ya soy martillero público�, cuenta Carlos de la Peña, de 39 años y el segundo interno de la provincia que se recibió tras cursar sus estudios universitarios en prisión.

Se graduó hace cuatro meses en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de las Flores, un ámbito no frecuentemente observado como propicio para comenzar o seguir desarrollando actividades educativas.

El primero en graduarse fue Luis Acosta, quien se recibió de técnico en higiene. La oportunidad para los dos llegó gracias al Programa de Educación Universitaria en Prisiones que desarrolla la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en convenio con el gobierno provincial.

El proyecto se gestó en 2004. Se trata de un convenio destinado a generar oportunidades para que las personas privadas de su libertad puedan ejercer su derecho a la educación.

“Este no es un programa orientado a lograr la readaptación social o la rehabilitación, o cualquier ideología re�, asegura el director de la iniciativa Máximo Sozzo y agrega: “Si eso es posible, mejor así. Pero el foco está puesto en brindar la posibilidad de ejercitar el derecho a la educación, a partir de un lenguaje de los derechos y no a partir de un lenguaje de la rehabilitación social�.

Experiencia en crecimiento

El Programa de Educación Universitaria en Prisiones —así se llama— se implementó por primera vez en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de las Flores, (ubicada al norte de la ciudad de Santa Fe) y en el Penal Nº 1 de Coronda. En 2007 además la experiencia se extendió a la Cárcel de Mujeres en la capital provincial.

La propuesta fue adaptar las distintas carreras a distancia que se dictan en la UNL a las necesidades especiales de las personas privadas de su libertad.

En las unidades se instalaron aulas con computadoras conectadas a internet y se conformaron equipos de trabajo con docentes, estudiantes avanzados y voluntarios de la UNL.

“Antes de cursar en la cárcel yo no sabía ni prender una computadora, tampoco escribir en la PC. Me acuerdo que cuando empecé tenía que estar el instructor al lado mío para explicarme casi todo, porque no sabía nada de nada�, recuerda Luis Acosta, de 34 años y se sonríe porque ahora, paradójicamente, trabaja como técnico reparador de computadoras.

“Haber estudiado en la cárcel me abrió mucho la perspectiva laboral�, dice y remarca que ese espacio le dio la oportunidad de volver a sentirse dentro de un ámbito de estudio.

“Desde el 1993 no había vuelto a tocar un libro. Eso me cambió, aparte del aspecto laboral, el ámbito de vida, las costumbres. Me cayó del cielo el estudio�, agrega.

El profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Máximo Sozzo, quien dirige el programa desde 2004, insiste en que el propósito del proyecto es que los internos puedan ejercer su derecho a la educación, algo “que no debería estar limitado ni eliminado por el hecho de la privación de la libertad�.

Tarea difícil

La mirada del abogado es realista y lejos de una posición apologética e ingenua afirma: “Enseñar carreras universitarias en un contexto de encierro es una tarea difícil porque está diseñado y funciona para impedir que los alumnos lleven adelante tareas como éstas. La cárcel no es un lugar en donde la posibilidad de estudiar sea promovida�.

“La institución penitenciaria _describe_ ha funcionado siempre bloqueando este tipo de iniciativas porque se trata de instancias que contribuyen a evitar la degradación que genera la prisión y la prisión es una máquina de degradar gente�.

Sozzo reconoce que este programa alcanza a poblaciones muy limitadas dentro del penal porque “los requisitos que se necesitan no son los que generalmente la población penitenciaria cumple�.

Como condición para asistir, los internos deben tener la escuela secundaria completa o bien rendir un examen que los habilite a cursar carreras universitarias (artículo 7 de la ley de educación superior).

“Los estudiantes que están privados de su libertad en general son personas que provienen de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, donde la escuela media es una rareza. Esto pone en crisis nuestra idea de la existencia de un derecho a la educación, que en teoría todos deberíamos disfrutar y que en la práctica, no se cumple�.

No obstante esas dificultades, la iniciativa convocó en 2005 a unos 50 alumnos entre las dos primeras cárceles en donde se desarrolló el proyecto y si bien el nivel de deserción anual es considerable, el abogado enfatiza que “ya hay dos personas que pudieron recibirse y hay más de 60 que están cursando�.

El apoyo que falta

En esa línea Carlos, uno de los graduados, relata que se inclinó por estudiar martillero público porque era una carrera que podía terminar dentro del tiempo de su condena.

“A los seis meses que ingresé en la cárcel, me enteré del proyecto y me anoté. Valoro muchísimo eso que me pasó. Ver que viene gente de afuera, que ya no habla de las mismas cosas que se hablan adentro y encima es para educarte, me gusto un montón�, afirma.

Más de diez son los tutores de la UNL que trabajan en cada uno de los penales y le ponen el cuerpo de manera voluntaria.

Sin embargo, para que el proyecto funcione adecuadamente y los internos reciban el material necesario para avanzar en sus estudios, sería imprescindible que el gobierno provincial efectivice los aportes monetarios acordados cuando se firmó el convenio.

Es que desde febrero de 2006 la UNL viene sosteniendo el programa con sus recursos propios y esa situación, por momentos, hace peligrar la continuidad del emprendimiento.

“Actualmente al menos seis o siete personas podrían graduarse este año�, sostienen desde el programa y confían en que ese dato sea lo suficiente relevante como para alentar materialmente este tipo de iniciativas.

http://www.lacapital.com.ar/ed_educacion/2009/7/edicion_31/contenidos/noticia_5080.html

Lo aseguró ayer el intendente Martín Llaryora durante la inauguración de una casa para convictos con buena conducta. El Servicio Penitenciario deberá seleccionar entre 2 y 5 aspirantes que trabajarán en la vía pública.

SAN FRANCISCO – El intendente Martín Llaryora señaló que ayer se puso en marcha un requisito fundamental para implementar el convenio de colaboración entre el municipio y el Servicio Penitenciario mediante el cual, distintos presos en su última etapa de tratamiento carcelario, podrán trabajar en dependencias del municipio.

Esta afirmación se refiere a la inauguración de una casa con capacidad para seis personas que será habitada por los convictos que están en esa última etapa previa a su reinserción en la sociedad. De ese acto participó el ministro de Justicia Luis Angulo, quien destacó la posibilidad de poner en marcha un programa de ese tipo.

Llaryora dijo que “ésta es una parte principal del convenio, ya que en su contenido tenía prestaciones recíprocas. Estamos muy contentos con las inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia, en lo que hace a capacitación y la casa donde vivirán los internos que puedan acceder al programa�.

El intendente de San Francisco recordó que para cumplir con el convenio se necesitaba una precapacitación para poder cumplirlo, tomándolos con el régimen específico que cuenta la legislación penitenciaria.

“El momento en que se ponga en marcha efectiva el convenio dependerá del Servicio Penitenciario y la Justicia. Estamos ansiosos por implementarlo cuanto antes,ya que tenemos muchas actividades para hacer. Ahora hay que completarlo con una capacitación específica que debemos definir si la dará el Servicio Penitenciario o el Ceder� manifestó Llaryora.

La cuestión tomó estado publico a mediados de setiembre del 2008, cuando LA MAÑANA publicó el contenido del convenio firmado entre Llaryora, el director de la Unidad Penitenciaria Nº 7 alcaide mayor Carlos Romero y el adjutor principal Cristian Gelos por el Servicio Penitenciario provincial.

Al hacerse público, se advirtió una respuesta negativa de parte de la comunidad, fundada en la cuestión de la seguridad y en ciertos prejuicios hacia las personas que están en la cárcel. Esto motivó una ronda de conversaciones para aclarar aspectos del convenio que eran rechazados por la comunidad sanfrancisqueña.

El convenio en cuestión tiende a iniciar formalmente una etapa de colaboración interinstitucional a través de la incorporación de internos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de San Francisco, a través de programas de inserción laboral en el municipio.

Según lo enunciado por el documento, serían entre tres y cinco los internos que podrán acceder a este programa, pudiendo disminuir o incrementarse en función de los requerimientos del municipio. En el acuerdo quedaba claramente expresado que no podrán formar parte de este proyecto laboral los convictos responsables de delitos de instancia privada, que fue otro de los puntos que mayor temor causó en la comunidad.

Vale recordar que a fines del año pasado, el Concejo Deliberante aprobó el convenio entre el municipio y el Servicio Penitenciario, quedando establecido que los presidiarios que sean seleccionados contarán con vigilancia a cargo del Servicio Penitenciario provincial.

La jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay, expresó a este medio que a raíz de las demoras en la aprobación de la ordenanza que ratificaba el convenio entre el municipio y el Servicio Penitenciario, las dos personas que habían sido seleccionadas para salir a trabajar en dependencias municipales obtuvieron su libertad. Por esta razón ahora será necesaria una nueva selección de reclusos en condiciones de integrarse a este programa.

Los convictos que ingresarán en este programa lo harán por estar calificados para la modalidad de “semilibertad� que contempla la legislación vigente.

Se trata de sujetos que están en un estado avanzado del cumplimiento de su condena, que de este modo comenzarán un proceso de reinserción de acuerdo a las necesidades personales. De esta forma se acelerará la integración plena con la sociedad.

http://www.lmcordoba.com.ar/2009/06/03/nota191383.html