Permitirá a los particulares hacer denuncias para que el órgano de control de la norma intervenga en consecuencia. Se fijó un procedimiento más específico que brindará precisiones en la tarea de investigación, facilitará la aplicación de sanciones y la inscripción en el registro de infractores
Los medios electrónicos y de comunicación hacen que la información prolifere en gran caudal y sin control.
No hay empresa que en la actualidad no maneje bases de datos de clientes, proveedores y recursos humanos.
Tampoco ciudadano que no brinde casi a diario, sus datos personales en encuestas telefónicas, cupones de sorteos, tarjetas de crédito, para dar simples ejemplos. En muchos casos se trata de información sensible y confidencial y puede ser utilizada en forma fraudulenta originando el ilícito que se conoce como robo de identidad.
En este contexto, se generan muchos riesgos. Ninguna empresa se encuentra a salvo de la conducta de un “empleado infiel” o de una filtración de sus sistemas de información que posibiliten un tráfico ilegal de datos, lo que la expondría a sanciones administrativas, penales y civiles.
Es raro encontrar personas que se molesten en verificar que sus datos personales sean fehacientes.
Sin embargo, en un momento determinado, les puede llegar una intimación de alguna entidad solicitándole el cumplimiento de una obligación que no contrajeron.
De ocurrir este tipo de delitos, el dolor de cabeza, como mínimo, puede ser el rechazo del pedido de un crédito bancario debido a un historial crediticio negativo.
En esta línea, se publicó el miércoles pasado en el Boletín Oficial el Decreto 1160/2010 que refuerza la idea de que cualquier particular puede hacer una denuncia para poner en funcionamiento el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales.
Esta norma, conocida también como Ley de Habeas Data, protege el tratamiento de la información privada en poder de las empresas y ordena a las compañías a la adopción de procedimientos y protocolos de seguridad que impidan un “uso incorrecto o desviado” de esa información que pudiera perjudicar a sus titulares.
Hay que tener en cuenta que el tráfico de la misma no termina ahí. También influye en otros aspectos mucho más cotidianos como el propio trabajo y hasta en los llamados telefónicos que cualquier persona recibe en su casa con diversas ofertas publicitarias, a cualquier hora del día y de la semana. Es difícil imaginarlo, pero la importancia de tener un control de estos registros es significativa.
“El decreto establece un procedimiento más específico, tendiente a brindar mayores precisiones en la tarea de investigación y control, con miras a la procedencia de la aplicación de sanciones y al registro de infractores creado en el año 2005”, indicó Horacio Granero, titular de Granero Abogados.
Para Facundo Malaureille Peltzer, socio de Salvochea Abogados, ahora se faculta a la autoridad de aplicación a actuar de oficio o por denuncia de parte. Cualquier particular que vea vulnerados sus derechos puede actuar por sí mismo, recurrir al Defensor del Pueblo, o acercarse a una asociación de consumidores o usuarios”.
El abogado resaltó que es muy importante que se le de legitimación activa a estos últimos porque se ha discutido mucho su actuación, aún en sede judicial.
El socio de Salvochea sostuvo que es clave que el sistema de premios y castigos funcione. “Si esto no ocurre, cualquier mecanismo de protección –en nuestro caso de datos personales- se cae, porque el que lo cumple –convencido o no- no siente la diferencia con el que no lo hace”.
Este decreto le reconoce al Registro Nacional de Protección de Datos Personales facultades relacionadas con la comprobación de la legitimidad de todas las operaciones y procedimientos sistemáticos -electrónicos o no- que permitan la recolección, conservación, orden, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales.
También le otorga potestad respecto a su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias y la constatación del funcionamiento adecuado de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos para el efectivo resguardo de los datos personales que contiene.
Por otra parte, se aclara la posibilidad del registro de verificar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos.
A tal fin se lo faculta a:
La realización de investigaciones e inspecciones
Requerir de los responsables o usuarios de bancos de datos y de su tratamiento, información, antecedentes, documentos, programas u otros elementos que estime necesario el organismo.
También solicitar el auxilio de los cuerpos técnicos y/o, en su caso, la autorización judicial que corresponda.
Realizar inspecciones y labrado del Acta de Inspección pertinente, la que junto con las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirá prueba suficiente de los hechos así comprobados.
Por último, se autoriza al registro a peticionar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para realizar el allanamiento de domicilios; la clausura de registros; el secuestro de documentación y toda otra medida tendiente al cabal cumplimiento de la actividad investigativa, implementándose un procedimiento de denuncias en forma personal o a través de Internet de quienes se consideren perjudicados en la protección de sus datos personales y la creación de un Registro de Infractores, cuya nómina, una vez firmes las sanciones, podrá publicarse en el sitio de Internet del organismo.
Granero explicó que estas facultades revitalizan la necesidad de cumplimentar la documentación que respalde la legitimidad de las bases de datos de sus usuarios, lo que redunda indudablemente en la garantía de protección de los datos personales de los individuos, fundamento legal de la norma que posee, además jerarquía constitucional.
“Ojalá esta modificación sea suficiente como para cambiar la inercia de diez años de no cumplimiento con esta ley. Es mi deseo que esta modificación sirva para que la normativa deje las telarañas en la que se encuentra, y sea una norma de cumplimiento activo. Por fin el órgano de control tiene las armas para hacerla cumplir, esperemos lo haga para no repetir otra decena de años para el olvido”, concluyó Malaureille Peltzer.
Casos más frecuentes
Hace unos meses, este medio dio cuenta del caso en el que el banco Citibank debió resarcir a una persona por abrir una cuenta -con sus datos- a un tercero, y luego intimarlo al pago del saldo. Este caso pone en el tapete al robo de identidad. La Cámara consideró que la entidad no revisó la veracidad de la información y por eso se originó el litigio.
“La cuestión medular de la sentencia recayó en la función de contralor que recae en la entidad bancaria al momento de abrir una cuenta corriente, porque el mal cumplimiento de los deberes mencionados, acarreó su responsabilidad por los daños ocasionados”, señaló en esa oportunidad Martín Pereyra del estudio Grispo.
“Es muy importante el cuidado que debe tener un banco con los datos de sus clientes, que se corresponde al de un profesional idóneo y experto en la materia. Estamos dentro de lo que se llamar responsabilidad objetiva, ya que los eximentes son mucho más reducidos”, dijo el experto.
Por esto, el abogado afirmó que “en tanto y en cuanto la entidad financiera no cumpla con los extremos exigidos para este tipo de operaciones, como verificar la identidad del cliente, extremar el celo en la averiguación de la solvencia económica y moral del solicitante y verificar la veracidad de la totalidad de los datos, es responsable por los daños y perjuicios que de aquellos incumplimientos se deriven».
Malaureille Peltzer explicó que dentro del área bancaria “la captación de datos o apropiación indebida de éstos ha crecido exponencialmente en los últimos años. Cada vez hay más trampas que pueden implicar la pérdida de datos o de la identidad digital de las personas”.
“Este es un típico problema de robo de identidad”, señaló el especialista y agregó que “los ladrones tienen muchas formas de hacer compras no autorizadas en las cuentas existentes de sus tarjetas de crédito, o de abrir nuevas cuentas utilizando otro nombre, como en el caso bajo análisis”.
Otro tema que preocupa a las empresas es la pérdida de valiosa información por parte de empleados infieles y falta de control.
Dentro de este escenario cobra especial relevancia el uso del e-mail laboral y cómo pueden las compañías supervisar que esta herramienta de trabajo sea correctamente utilizada por sus empleados y no se transforme en una vía para filtrar información.
Para Horacio Bruera, socio de Carranza Torres & Asociados, las medidas de control deben ser “razonables, adecuadas para salvaguardar la confidencialidad de la información y no deben vulnerar los derechos del empleado”.
El abogado agregó que “a diferencia de otras épocas, en que el robo de información confidencial suponía un tortuoso y riesgoso procedimiento, como el ingreso a lugares de acceso restringido o fotocopiados de documentos, hoy en día la distancia que separa el secreto de la divulgación pública es de un clic”.
Daniela San Giovanni
Fuente : iProfesional.com
http://abogados.iprofesional.com/notas/102915-Por-decreto-el-Gobierno-refuerza-la-proteccion-de-los-datos-personales-de-usuarios.html
