La ministra de Industria, Débora Giorgi, y el empresario argentino Fernando Beverstein creen haber encontrado la fórmula para que el sector automotor local reduzca su déficit comercial. Y esa fórmula consiste en una alianza entre las terminales automotrices y las vacas argentinas.
Foto: caballito.olx.com.ar
Giorgi y Beverstein, titular de la curtiembre Fonseca, se reunieron ayer para analizar la posibilidad de que más autos argentinos se tapicen con cueros de vacas nacionales. Fonseca es una empresa reconocida a nivel internacional y es proveedora de cueros para marcas como Audi, BMW, Mercedes-Benz y Porsche.
Otras curtiembres argentinas también exportan tapizados para plntas de Honda, Toyota y Cadillac.
“Las curtiembres agregan valor con productos semiterminados y terminados, y ahora lo que buscamos es un proceso en etapas que las lleve primero a cortar el cuero localmente y luego a fabricar las fundas completas”, dijo Giorgi y agregó que esto “generará un fuerte proceso inversor en las curtiembres nacionales y potenciará la agregación de valor”.
“Así, las terminales dispondrán de otra herramienta para cumplir con sus planes de equilibro de balanza comercial”, se informó desde Industria.
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Comunicado de prensa del Ministerio de Industria Giorgi busca reunir a las curtiembres con las terminales automotrices para producir tapizados con valor agregado
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió hoy al presidente de la curtiembre Fonseca, Fernando Beverstein, con quien acordó conformar una mesa, coordinada por el Ministerio de Industria y a través de la cámara sectorial, que lo reúna -junto a otras curtiembres – con las terminales automotrices para proveerlos de cueros de alto valor agregado para tapizados de autos. Así, las terminales dispondrán de otra herramienta para cumplir con sus planes de equilibro de balanza comercial.
“Las curtiembres agregan valor con productos semiterminados y terminados, y ahora lo que buscamos es un proceso en etapas que las lleve primero a cortar el cuero localmente y luego a fabricar las fundas completas”, dijo Giorgi y agregó que esto “generará un fuerte proceso inversor en las curtiembres nacionales y potenciará la agregación de valor”.
En ese sentido, Giorgi pidió a los directivos de la empresa que profundicen el proceso de cortado, ya que aumenta el valor un 20% sobre el cuero terminado. Por su parte, el presidente de curtiembre Fonseca contó a la ministra que su firma ya está trabajando con algunas empresas automotrices – como por ejemplo BMW, Honda, Audi, Mercedes-Benz y Porsche – en proyectos para abastecerlos de cueros.
El 40% de la fabricación de la empresa son cueros terminados para distintas industrias y el 95% de lo que producen es exportado, la mayoría orientado al sector automotriz. Además, la empresa produce cueros vacunos semiterminados, tapicería residencial, vestimenta, calzado y artículos varios. La firma tiene su planta ubicada en Lanús – provincia de Buenos Aires, en un predio de 70.000m2, 700 empleados y, entre sus proyectos, planea insertarse en el mercado de calzado en China.
Hace unos días, casi 30 curtiembres de la zona sur del Gran Buenos Aires firmaron un convenio para la creación de un polo donde se concentren las empresas de ese sector, en un predio de Lanús Oeste, dentro de un proyecto de reconversión industrial, ya pactado el año pasado, en el cual Ministerio de Industria de la Nación puso a disposición dos líneas de créditos con el fin de facilitar el traslado de estas a los parques industriales.
“El ministerio ofrece herramientas para que las empresas se establezcan en lugares específicos para el procesamiento de sus manufacturas, fuera de las zonas residenciales, y en establecimientos donde cuenten con servicios que las vuelvan competitivas” destacó la ministra.
En el sector de curtido y terminado de pieles operan unas 230 empresas, de las cuales aproximadamente 20 son grandes y están en condiciones de acceder a los mercados internacionales por su escala y tecnología; el resto son pymes que están más orientadas al mercado interno. En tanto, en manufactura de cuero hay cerca de 400 empresas, en su mayoría pymes.
La presidenta Cristina Kirchner propuso la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF y declara de interés público el autoabastecimiento de combustibles
A través de un proyecto de ley enviado al Congreso, que hoy mismo entrará a la Cámara alta, el Ejecutivo establece como «objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, y la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización» de los mismos, dispone la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y la remoción de la totalidad de los directores y síndicos titulares y suplentes de la empresa. Cristina Kirchner afirmó que de «proseguir con la política de vaciamiento, de falta de producción y de exploración, nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, ya que somos el tercer país en el mundo, luego de China y EE.UU., en reservas de gas», y agregó que el año pasado fue «la primera vez en 17 años que la Argentina tuvo que importar gas y petróleo». En el mismo acto, CFK confirmó que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el ministro de Planificación, Julio De Vido, fue designado interventor de la compañía, a quien acompanará el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que se ocupará de los «aspectos económicos y financieros de la gestión». Luego de denunciar que a pesar de haber reducido la producción YPF-Repsol había duplicado sus ingresos en el último ejercicio y de cuestionar la necesidad de importar combustibles para mantener la producción agrícola-ganadera e industrial, Cristina advirtió que nadie esperará un exabrupto de su parte en respuesta a los agravios que la medida anunciada hoy pudiera provocar y afirmó que «soy una jefa de Estado, no una patotera: se trata de una política de recuperación de la soberanía». El proyecto oficial contempla también que las acciones expropiadas no podrán ser vendidas sin la autorización del Parlamento, que necesitará las dos terceras partes de sus miembros para su enajenación, «la misma mayoría que se necesita para modificar la Constitución».
Al hacer uso de la palabra, la Presidenta afirmó que presentó el proyecto para la recuperación de la soberanía de hidrocarburos porque «somos casi el único país del mundo que no maneja los recursos naturales», y consignó que desde 1999 hasta el 2011 «la utilidad neta de YPF fue de 16.450 millones de dolares» y que la empresa distribuyó dividentos por 13.246 millones de dólares. «El problema fue la desnacionalización», agregó.
Además, la mandataria afirmó que el modelo elegido para el futuro de YPF «no es de estatización» sino de «recuperación de la soberanía y control» de los hidrocarburos. «Durante muchos años en distintos sectores de la economía manejados por el Estado, se aplicó un criterio partidario, que siguió dando argumento a que el Estado era inútil y que sólo los privados podían manejar recursos del Estado».
En referencia a las posibles repercusiones que la iniciativa pudiera tener en España, CFK aseguró: «Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos, soy una jefa de Estado, no una patotera”.
Se preguntó además si “los argentinos, los ciudadanos del mundo escucharon a esta Presidenta reclamarle a España sobre lo que constituyó uno de los vaciamientos más escandalosos como lo que pasó con Aerolíneas Argentinas” y recordó “cómo eran defendidos los empresarios españoles que están siendo procesados en España, entre otras cosas, por defraudaciones al fisco”.
En el mismo sentido, Cristina agregó: “No tenemos problemas con las rentabilidades, pero sí espero que con las utilidades reinviertan en el país, y tengan la certeza de que si acompañan al país vamos a seguir trabajando codo a codo”.
El proyecto establece la expropiciación del 51 por ciento de las acciones, de las cuales el Estado nacional tendrá el 26,01 por ciento del total y las provincias productoras, el 24,99 por ciento. Entre los 19 artículos que conforman el texto que ingresará Senado, se establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico, y el crecimiento «equitativo y sustentable de las provincias» y dispone que el Ejecutivo «arbitrará las medidas al cumplimiento de esta medida con el concurso de los estados provinciales y el capital público y privado nacional e internacional».
Asistieron a la Casa de Gobierno el vicepresidente, Amado Boudou; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Dominguez; el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Interior, Florencio Randazzo, y de Industria, Débora Giorgi; y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otros funcionarios.
– Ley de Soberanía Hidrocarburífera – TEXTO COMPLETO
ARN/16-4-2012) A continuación se transcribe el proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera que se envía al Congreso de la Nación: Título 1, capítulo único: De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina
Artículo 1º: Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.
Artículo 2º: El Ejecutivo nacional arbitrará las medidas conducentes al cumplimietno de los fines de la presente, con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional
Artículo 3º: establécense como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina los siguientes: a) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de crecimiento y desarrollo económico de las provincias y las regiones; b) la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas; c) la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; d) la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo; e) la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina con ese objeto; f) la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado; g) la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; h) la obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras;
Título 2, capítulo único: del Consejo Federal de Hidrocarburos
Artículo 4º: créase del Consejo Federal de Hidrocarburos, el que se integrará con la participación de: artículo a) el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, a través de sus respectivos titulares; b) la participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los representantes que ellas designen;
Artículo 5º: son funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, las siguientes: a) promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente; b) expedirse sobre toda otra cuestión vinculada a los objetivos de la presente ley, y a la fijación de la política hidrocarburífera argentina, que el Ejecutivo nacional somete a su consideración;
Artículo 6º: el Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros, y será presidido y representado por el representante del Estado nacional que el Ejecutivo nacional designe a tal efecto. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Título 3: de la recuperación del control de YPF
Capítulo 1: de la expropiación.
Artículo 7º: a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas. Artículo 8º: las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A. quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos. Artículo 8º: las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A. quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos.
La reglamentación deberá contemplar las condiciones de la sesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativas, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de ellas;
Artículo 9º: para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, el Poder ejecutivo nacional por sí, o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la sesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas, a la que se refiere el artículo anterior.
La sesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el estado nacional a favor de los estados provinciales integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones.
La designación de los directores de YPF S.A. que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales, y uno en representación de los trabajadores de la empresa.
Artículo 10º: a efectos de la instrumentación de la presente, y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes de las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia de que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros;
Artículo 11º: el proceso de expropiación estará regido por lo establecido por la ley nº 21.499, y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo nacional;
Artículo 12º: el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación;
Capítulo 2- De la continuidad operativa
Artículo 13º: a fin de garantizar la continuidad de las actividades de exploración, producción, industrialización y refinación de hidrocarburos a cargo de YPF S.A., así como su transporte, comercialización y distribución y el incremento del flujo inversor para el adecuado abastecimiento de los combustibles necesarios para el funcionamiento de la economía nacional en el marco de lo dispuesto en la presente, el Poder Ejecutivo nacional a través de las personas u organismos que designe desde la entrada en vigencia de la presente ley, ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de dicha norma.
La Comisión Nacional de Valores, en el día de la promulgación de esta ley, convocará a una asamblea de accionistas, a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda.
Artículo 14º: facultase al Poder Ejecutivo nacional y al interventor de YPF S.A. designado por éste, a adoptar todas las acciones y recaudos que fueran necesarios, hasta tanto asuma el control de YPF S.A., a fin de garantizar la operación de la empresa, la conservación de sus activos, y del abastecimiento de hidrocarburos.
Capítulo 3- De la continuidad jurídica y la gestión de YPF S.A.
Artículo 15º: para el desarrollo de su actividad, YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta en los términos del capítulo 2, sección 5ª de la ley 19550 y normas concordantes, no siéndole aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades que el Estado nacional o los estados nacionales tengan participación;
Artículo16º: la gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, se efectuará con arreglo los siguientes principios:
a) la contribución estratégica de YPF S.A. al cumplimiento de los objetivos de la presente;
b) la administración de YPF S.A. conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos;
c) el gerenciamiento de YPF S.A. a través de una gestión profesionalizada:
Artículo 17º: YPF S.A. acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.
Artículo 18º: la presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial;
Artículo 19º: comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
El futuro de la compañía se definirá en los próximos días, cuando el Estado defina el rol que adoptará y qué vínculos tendrá con sus ahora socios de British Gas
ANDRÉS SANGUINETTI Buenos Aires
Las implicancias colaterales de la expropiación del 51% de las acciones de YPF y del ingreso del Estado como accionista controlante de la petrolera seguramente también marcarán el futuro de Metrogas. Es que a partir de su desembarco en la ahora ex compañía de Repsol y la familia Eskenazi, el Gobierno se convierte en accionista de peso en la principal distribuidora de gas del país con 2,2 millones de clientes en Capital y el ámbito bonaerense. Esto es así porque Gas Argentino S.A (GASA), controlante del 70% de Metrogas, es una sociedad en la cual YPF posee 45,33% de las acciones, mientras que otro 54,67% está en manos de British Gas (BG). Del 30% restante, un 20% flota en Bolsa y otro 10% es del personal. Desde 2010, Metrogas se encuentra en default, tras pedir a la Justicia la apertura de su concurso preventivo de acreedores para renegociar el pago de una deuda de u$s 250 millones. También desde esa fecha está intervenida por el Gobierno que designó a Antonio Gómez como su representante para fiscalizar y controlar los actos administrativos de la compañía con la excusa de evitar que el default pueda afectar su servicio. Si bien el representante del Gobierno no tiene poder de decisión, en el mercado especulan con que el cambio de escenario en YPF también provocará un cambio de escenario en Metrogas. Anticipan que los directores de la petrolera en Metrogas serán reemplazados por tropa del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del viceministro de Economía, Axel Kiciloff, como ocurrió con los directores de Repsol y de los Eskenazi en YPF. No hay que descartar que De Vido también quiera tomar decisiones sobre Metrogas, aseguraron fuentes del sector. Como justificación a este hecho recordaron el fracaso de los Eskenazi para comprar las acciones de BG en Metrogas a pesar de haber tenido la venia oficial para la operación. También advirtieron que el Gobierno no tiene intenciones de compartir el futuro de Metrogas con un grupo como BG que radicó una demanda contra el Estado ante el Ciadi mas allá de que el fallo final benefició a la Argentina. Además advirtieron que, por su origen británico, BG tampoco es bien visto en momentos en los que el caso Malvinas tiene fuerte repercusión política. En tanto, desde despachos oficiales se adelantó que se analizarán todas las variantes posibles para preservar el futuro de la distribuidora y lograr que también sea 100% nacional. De hecho, el ingreso del Estado podría generar un flujo de nuevas inversiones en Metrogas sin necesidad de aumentar la tarifa, reclamo constante del actual directorio de la compañía por entender que el congelamiento de precios fue el detonante de todos los problemas financieros de la distribuidora, cuyos últimos seis balances anuales vienen arrojando fuertes pérdidas. En la última carta a la Bolsa que la distribuidora envió en marzo pasado, vuelve a cuestionar el congelamiento de tarifas que ya lleva 12 años, período en el cual sus costos se incrementaron en más del 350%. Durante los últimos 12 años Metrogas realizó grandes esfuerzos para obtener una recomposición tarifaria que reestablezca su ecuación económico-financiera. La falta de incremento en la tarifa, el no traslado a tarifas de tasas municipales y la falta de reconocimiento del incremento de costos, que desde 2001 hasta la fecha se incrementaron en un 359%, provocaron un serio desequilibrio económico y financiero a Metrogas, dice la carta. En la firma también recuerdan que en enero pasado el ministro De Vido los intimó a renegociar la concesión, pero aseguran que no hubo ningún avance.
El objetivo es que la producción arranque el año próximo. A esta iniciativa se sumaría la fabricación de un cargador universal de teléfonos celulares
El ministro de Industria provincial, Fabio Delamata, detalló que la iniciativa se encuentra en fase de estudio, junto a especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), aunque destacó que la acción contempla que «todas las empresas puedan involucrarse, si bien hasta el momento son BGH y Newsan las que están orientando inversiones en este tema».
El objetivo es que la producción arranque el año próximo. A esta iniciativa se sumaría la fabricación de un cargador universal de teléfonos celulares.
Según publicó en su sitio web Aire Libre FM de Río Grande, Delamata destacó avances en el proyecto para la fabricación de baterías de litio a partir del próximo año, asegurando que se trata de «una iniciativa muy ambiciosa que representa un enorme salto técnico» para las industrias electrónicas de Tierra del Fuego.
El funcionario declaró que espera que el proyecto sea concretado en 2013 «para que podamos seguir creciendo con el volumen en el que lo estamos haciendo».
El ministro Delamata detalló, además, que para la producción de notebooks en Tierra del Fuego «la placa madre y la memoria se hacen de cero acá, la batería es comprada en Argentina, así como los cables de carga y conexión también son comprados en nuestro país.»
Y agregó: «En ocasiones también son adquiridos en el país los diseños del frente y la tapa, aunque el resto de los componentes son aún partes importadas».
Según estimaciones del Ministerio de Industria provincial, durante 2012 el polo tecnológico fueguino fabricaría 2 millones de notebooks, aunque según el titular de esa cartera «este año la gran estrella de producción puede ser la tablet».
La presidenta Cristina Kirchner presentó anoche una nueva línea de créditos blandos del Banco Nación para facilitar a empresas la renovación de sus flotas de camiones, con la compra de vehículos argentinos.
La Presidenta anunció un nuevo programa de créditos blandos a tasas bonificadas fijas en pesos de entre 5 y 9 por ciento anual, para ampliar o renovar la flota de transporte e impulsar la producción nacional y venta de camiones.
El programa cuenta con un cupo de 8.500 millones de pesos en el primer año y la bonificación de la tasa depende del tamaño de la empresa y de la ubicación geográfica de la misma. Los habitantes de pueblos pequeños del interior del país serán los que pagarán la menor tasa de interés.
El nuevo esquema de financiamiento también comprende a personas y pymes que tengan dificultades de acceso al crédito bancario.
Los créditos serán exclusivos para la compra de camiones fabricados en el país -Mercedes Benz, Agrale e Iveco-, pero también para las más de 30 que producen acoplados, remolques y semi-remolques.
La Jefa de Estado admitió durante su discurso que la anterior línea oficial de créditos que impulsó el Gobierno para tal fin “no tuvo el éxito esperado”, debido a que las pymes no pudieron cumplir con todos los requisitos solicitados por el BN.
Por eso, aclaró: “Entonces ya saben dónde hay que patear la puerta, porque es mucho el esfuerzo que uno pone y después las cosas se van complicadas por la burocracia. Lo de patear puertas lo dije en serio, y, si hay que patear otra cosa, también. Seamos guardianes de las cosas que estamos haciendo, las decisiones tiene que bajar y ejecutarse. Los funcionarios somos los primeros responsables, pero cada unos de nosotros tiene que vigilar que las cosas se hagan”.
La nueva medida impulsa un aumento de la demanda de camiones y acoplados que se fabrican en el país, que permitirá generar unos 2.500 nuevos empleos.
“La tasa inicial para grandes empresas ante el Banco Nación es de 17 puntos, la bonificación es de un punto”, detalló la mandataria, quien aclaró que las pequeñas y medianas empresas podrán recurrir directamente a las concesionarias para comprar los camiones con este crédito y sin pasar por el BN.
Los créditos están destinados a la compra –por parte de personas físicas como jurídicas de todo el país- de camiones, remolques, semirremolques y acoplados 0 km exclusivamente de producción nacional y unidades usadas, de entre 3 y 10 años de antigüedad (de cualquier origen de fabricación).
El Estado nacional bonificará un 7,5% de la tasa de interés y permite, por ejemplo, que un transportista o una pyme del Norte Grande argentino acceda a un crédito a una tasa del 5%.
Para las unidades nuevas, los créditos son a 5 años, mientras que para las usadas son a 3 años, se precisó.
Quien quiera acceder a un crédito puede ir al Banco Nación o presentarse ante las empresas fabricantes, quienes también están habilitadas para financiar el vehículo.
Una resolución del Ministerio de Salud establece que deberán cubrir 215 pesos al mes
Foto:www.singluten.es
Las personas celíacas podrán a partir de ahora exigir a sus obras sociales y prepagas cobertura para afrontar parte del costo de los productos alimenticios que deben consumir como parte del tratamiento de su enfermedad, que se caracteriza por la intolerancia al glúten presente en los alimentos que contienen trigo, avena, cebada y centeno.
Así quedó establecido por la Resolución N° 407/2012 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, que establece que «las entidades alcanzadas por el Artículo 9° de la Ley 26.588 deberán brindar a cada persona con celiaquía cobertura en concepto de harinas y premezclas libres de gluten por un monto mensual de $ 215», importe que «deberá actualizarse periódicamente».
La resolución se basa en la reglamentación de la Ley 26.588, a través del Decreto 528/11 en mayo del año pasado, que obligaba a obras sociales y prepagas a brindar una cobertura a sus afiliados del 70% de la diferencia del costo de harinas y premezclas libres de gluten de aquellas que sí lo poseen. De todos modos, como informó LA NACION con anterioridad, 215 pesos no alcanzan para cubrir ese porcentaje, que supera ampliamente los 500 pesos al mes.
Por otro lado, la nueva resolución establece que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga podrán establecer las maneras en las que darán cumplimiento a la misma. «Cada una de las entidades (.) podrá establecer las formas y modalidades de cumplimiento de la cobertura mencionada», señala en su artículo 2°.
Se estima que en la Argentina unas 500.000 personas padecen la enfermedad celíaca, afección hereditaria y autoinmunitaria que debilita la capacidad del intestino de absorber los nutrientes en forma adecuada, provocando síntomas intestinales, retraso de crecimiento en niños, retraso del desarrollo y de la pubertad y talla baja, entre otras afecciones.
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