La terminación de obras ambientales ejecutadas sobre ambas orillas permitirá que la usina esté en vías de aportar 16.500 GWh al año en lugar de los 15.000 actuales.
Terminar Yacyretá impone una fuerte determinación política
Frente a todo el cúmulo de controversias e idas y venidas que exhibe la historia de Yacyretá que administra una entidad binacional (EBY) creada al amparo del tratado firmado en Asunción en diciembre de 1973 por el general Alfredo Stroessner, a la sazón presidente casi vitalicio del Paraguay, y por la entonces vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, por estos días ese proyecto verá ejecutarse otro de los pasos enfocados hacia la elevación del embalse a su cota de 83 metros.
Por un lapso de cinco días se procederá al cierre de la esclusa de navegación que permite el pasaje de embarcaciones hacia el Alto Paraná, con el fin de facilitar un recrecimiento del embalse de sus actuales 78,50 metros a cota 80, pero con una liberación de terrenos efectiva hasta 81 metros.
De esa forma, las veinte turbinas de la usina pasarán de un potencial generador de 15.000 GWh al año a tener capacidad de entregar más de 16.500 GWh.
Ese avance es consecuencia de un flujo inversor afrontado por el Estado nacional a partir del 2004 cercano a los u$s1.300 millones, masa de recursos de la que ya se desembolsó el 50% en múltiples obras ambientales enfocadas a cancelar un pasivo social que mantuvo pendiente la indefinición de ese proyecto.
Frente a todo el conjunto de trabajos que se materializan desde hace más de tres años, la transición institucional que vivió Paraguay en agosto del 2008 impuso un inesperado traspié del que todavía Yacyretá no logró zafar.
Irónicamente, el mayor perjudicado de esa situación es el propio Paraguay, porque el 65% de la masa de inversiones en danza tendrá despliegue en ese vecino país y no del lado argentino.
Como contrapeso de esa situación y, a diferencia de lo actuado por otras administraciones políticas del país, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández exhiben el mérito de haber mantenido a ultranza la continuidad de los elencos gerenciales de la parte argentina de esa entidad binacional, lo que refleja la determinación de priorizar la conclusión del proyecto.
Hasta tal punto tiene primacía ese objetivo que el ministro de Planificación Julio De Vido ni siquiera quiere hablar del montaje de una usina sobre el vertedero del brazo Aña Cuá hasta tanto se alcance la cota de diseño de 83 metros acordada por las partes en el tratado binacional suscripto en 1973.
Tema aparte de ese dato emergente del desafortunado historial de Yacyretá, el objetivo de concentrar los esfuerzos inversores en la conclusión de ese proyecto surge de la propia lectura que impone la crisis global en que cayó el mundo.
Como señal de comprensión destinada a preservar el clima de cooperación política que exhiben los socios condóminos en ese proyecto el Estado argentino aceptó en fecha reciente la designación del paraguayo Antonio Sosa Elizeche como integrante del tribunal arbitral que debe pronunciarse sobre los 37 diferendos contractuales planteados por el consorcio Entidades Reunidas Impregilo-Dumez y Asociados para Yacyretá (Eriday).
Ese grupo empresarial, que tuvo desde diciembre de 1983 la responsabilidad de ejecutar el desarrollo de las obras civiles de la represa hidroeléctrica, planteó ante la entidad binacional una hipotética existencia de pasivos sin saldar, que en dólares de 1983 resultarían equivalentes a 283 millones de esa fecha.
Aunque las auditorías ejecutadas han demostrado que habría, contradictoriamente a lo planteado por Eriday un saldo a favor de la EBY en todos esos diferendos, ahora Sosa Elizeche asumió la pesada tarea de examinar las 100.000 fojas que reúne ese diferendo contractual, cuyo volumen esconde un pasado de indisimulable corrupción.
Por un lapso de cinco días se procederá al cierre de la esclusa de navegación que permite el pasaje de embarcaciones hacia el Alto Paraná, con el fin de facilitar un recrecimiento del embalse de sus actuales 78,50 metros a cota 80, pero con una liberación de terrenos efectiva hasta 81 metros.
De esa forma, las veinte turbinas de la usina pasarán de un potencial generador de 15.000 GWh al año a tener capacidad de entregar más de 16.500 GWh.
Ese avance es consecuencia de un flujo inversor afrontado por el Estado nacional a partir del 2004 cercano a los u$s1.300 millones, masa de recursos de la que ya se desembolsó el 50% en múltiples obras ambientales enfocadas a cancelar un pasivo social que mantuvo pendiente la indefinición de ese proyecto.
Frente a todo el conjunto de trabajos que se materializan desde hace más de tres años, la transición institucional que vivió Paraguay en agosto del 2008 impuso un inesperado traspié del que todavía Yacyretá no logró zafar.
Irónicamente, el mayor perjudicado de esa situación es el propio Paraguay, porque el 65% de la masa de inversiones en danza tendrá despliegue en ese vecino país y no del lado argentino.
Como contrapeso de esa situación y, a diferencia de lo actuado por otras administraciones políticas del país, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández exhiben el mérito de haber mantenido a ultranza la continuidad de los elencos gerenciales de la parte argentina de esa entidad binacional, lo que refleja la determinación de priorizar la conclusión del proyecto.
Hasta tal punto tiene primacía ese objetivo que el ministro de Planificación Julio De Vido ni siquiera quiere hablar del montaje de una usina sobre el vertedero del brazo Aña Cuá hasta tanto se alcance la cota de diseño de 83 metros acordada por las partes en el tratado binacional suscripto en 1973.
Tema aparte de ese dato emergente del desafortunado historial de Yacyretá, el objetivo de concentrar los esfuerzos inversores en la conclusión de ese proyecto surge de la propia lectura que impone la crisis global en que cayó el mundo.
Como señal de comprensión destinada a preservar el clima de cooperación política que exhiben los socios condóminos en ese proyecto el Estado argentino aceptó en fecha reciente la designación del paraguayo Antonio Sosa Elizeche como integrante del tribunal arbitral que debe pronunciarse sobre los 37 diferendos contractuales planteados por el consorcio Entidades Reunidas Impregilo-Dumez y Asociados para Yacyretá (Eriday).
Ese grupo empresarial, que tuvo desde diciembre de 1983 la responsabilidad de ejecutar el desarrollo de las obras civiles de la represa hidroeléctrica, planteó ante la entidad binacional una hipotética existencia de pasivos sin saldar, que en dólares de 1983 resultarían equivalentes a 283 millones de esa fecha.
Aunque las auditorías ejecutadas han demostrado que habría, contradictoriamente a lo planteado por Eriday un saldo a favor de la EBY en todos esos diferendos, ahora Sosa Elizeche asumió la pesada tarea de examinar las 100.000 fojas que reúne ese diferendo contractual, cuyo volumen esconde un pasado de indisimulable corrupción.
ERNESTO DE PAOLA
