30 abril 2010

Escuela-shopping: vuelven las aulas después de 20 años

A fin de año, los locales de la escuela de Sarmiento y Pueyrredón deberán ser desalojados. Habían sido construidos durante la gestión del ex intendente Grosso. Así, los recuperan para dar clases.

Una escuela, todas la escuelas

La movida la empezaron por Facebook los egresados en los años 80 de la que, a partir de la década siguiente, quedó estigmatizada como “Escuela-Shopping”. Cuando se enteraron que en diciembre de 2010 vencía el contrato de concesión de 17 locales, construidos donde antes había aulas, decidieron que era el momento de hacer algo a favor de su escuela. Entonces, uno de los ex alumnos, que fue diputado hasta el 10 de diciembre pasado, Alejandro Rabinovich, fue el nexo con el actual legislador Raúl Fernández (Encuentro Progresista), quien presentó el proyecto que fue aprobado anoche con ovación y por unanimidad (55 votos a 0) en la Legislatura de la Ciudad.

La ley ordena que a fin de este año el Estado porteño no renueve el contrato, desaloje a los comercios de la esquina de Sarmiento y Pueyrredón y recupere el lugar. Después, deberá destinar los fondos necesarios para realizar una obra, de modo tal que la Escuela Bartolomé Mitre, que desde hace 20 años quedó reducida al piso superior, vuelva a ocupar también la planta baja. Hoy allí hay negocios de celulares, una peluquería y un maxiquiosco, entre otros comercios.

Esta historia empezó el 30 de diciembre de 1990, de madrugada, cuando el por entonces Concejo Deliberante aprobó un contrato que había firmado la municipalidad de Buenos Aires, que habilitaba la construcción de los locales en la planta baja de la Escuela 16, Distrito Escolar 2°.

La concesión, por 20 años, se le dio a un empresario como supuesto pago de una deuda que el Estado tenía con él, porque lo había desalojado de una feria que estaba enfrente.

El de la Escuela-Shopping fue uno de los casos emblemáticos de supuesta corrupción durante la gestión del intendente porteño Carlos Grosso, designado por el presidente Carlos Menem en la época que la Ciudad todavía no elegía a sus autoridades. Hubo una causa judicial que estuvo abierta durante 15 años y que fue tratada incluso por la Corte Suprema, pero nunca hubo condenas para Grosso ni para varios concejales imputados.

“Nos sacaron del colegio por la obra y nos mandaron a dar clases todo un año en un galpón de la calle Jean Jaures. Nosotros pensábamos que estaban refaccionando la escuela, pero cuando volvimos nos encontramos con la novedad de que había locales y la escuela no tenía más la planta baja. Allí estaba el patio y el jardín de infantes, que ahora no está más porque no había forma de acomodar a todos los chicos arriba”, contó Gladys Meza, profesora de educación física y la docente más antigua que hoy tiene el colegio, que está a una cuadra de la estación Once.

La profesora de Educación Física estuvo ayer en la Legislatura junto a la directora de la escuela y un grupo de ex alumnos, todos egresados del tiempo en que el edificio ocupaba toda la esquina de Sarmiento y Pueyrredón.

Felipe Bonacina, egresado en 1985, contó: “Cuando hicieron los locales fue una situación muy triste de mucha impotencia. Después construyeron una especie de entrepiso para reemplazar las aulas que estaban en la planta baja. Ahí, los techos son tan bajos que si los chicos levantan los brazos tocan los ventiladores de techo”.

“El cercenamiento de parte del Colegio Presidente Mitre fue una representación de una época. Hoy el Poder Ejecutivo y el Legislativo de la Ciudad tiene el deber de reparar ese hecho infame, restituyendo el espacio a sus fines educativos, realizando las obras de infraestructura, dotándolo de mobiliario y de todos los elementos necesarios”, dijo en la sesión de ayer Fernández, quien fue funcionario en los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman.

Ya en 1998 hubo un dictamen de la Procuración General de la Ciudad que había opinado que la ordenanza 44.832 -por la cual el Concejo Deliberante porteño aprobó la construcción de los locales- es nula “puesto que sólo se aprobó en beneficio del Sr. Salem (el empresario a quien se le dieron los locales) y en contra del interés público”.

Más tarde, en 2006, una resolución del Gobierno de la Ciudad declaró que el acuerdo fue “ilegítimo”.

Sin embargo, pasaron veinte años y los locales comerciales siguen allí porque el contrato nunca fue declarado nulo por el Poder Judicial.

http://www.clarin.com/diario/2010/04/30/um/m-02189789.htm

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